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viernes, 12 de abril de 2013

PoliCarabobo arrestó a cinco personas en distintos procedimientos


(Valencia 12 de abril de 2013/Prensa Gobernación Bolivariana de Carabobo).- El Gobierno Bolivariano de Carabobo, liderado por Francisco Ameliach, continúa avanzando con la puesta en marcha de las políticas públicas que garantizan la paz social y la tranquilidad de los ciudadanos, a través de la ejecución de los vértices estratégicos que establece la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela” (GMATVV) y el Plan “Cerco Policial”.

En este sentido el Comisionado (PNB) Efraín Mejías, Director General de la Policía del estado Carabobo, reportó que este Órgano Superior de Seguridad estatal trabaja constantemente en pro de reducir los índices delictivos en la entidad regional, gracias a las actuaciones policiales que dan una respuesta rápida y oportuna.

“Seguimos cumpliendo los lineamientos de nuestro gobernador bolivariano Francisco Ameliach y el Órgano Superior de la Seguridad, trabajamos para reducir los índices delictivos en la entidad y gracias al aporte del pueblo y al despliegue del Cerco Policial, lo estamos logrando”, dijo.

Por ende y como resultado a lo antes planteado; en las últimas horas funcionarios del cuerpo de seguridad estadal, dieron captura a cinco personas, incautaron un envoltorio de presunta droga, recuperaron un vehículo y dos motos.

En un primer caso, se reportó que en la avenida principal del Barrio El Rosario, municipio Libertador, funcionarios de la Estación Policial de Tocuyito, detuvieron a un ciudadano el cual al ser verificado a través del Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL) presentó solicitud ante el Juzgado Primero de Control del Estado Falcón, por el delito de homicidio calificado, siendo puesto a la orden de las autoridades.

Igualmente, en una calle del Barrio Los Samanes resultó detenido otro individuo solicitado ante el CICPC Sub-Delegación Valencia y el Juzgado Primero de Juicio del estado Carabobo, por el delito de lesiones personales.

Mejías agregó que, en otro procedimiento efectuado por oficiales pertenecientes a la Estación Policial Guigue, fueron aprehendidos dos hombres de 19 y 26 años de edad, a quienes les fue incautada una porción de presunta cocaína cuando transitaban en actitud sospechosa a bordo de  una moto marca Empire, modelo Horse, color negro. La acción policial se llevó a cabo en un sector del Barrio El Venado, municipio Carlos Arvelo.

Detenida por agresiones a una menor de edad

La máxima autoridad policial explicó que la Policía del estado Carabobo se mantiene alerta y vigilante ante las denuncias de los casos de maltrato a menores, dando cumplimiento a las normativas establecidas en la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes (LOPNNA).

Por tal motivo una ciudadana de 43 años fue capturada por uniformados de la Estación Policial Montalbán, cuando agredía  físicamente a una adolescente de 16 años, en un sector del precitado municipio, siendo remitida a la orden de la justicia.

Recuperado Vehículo y motos

Durante labores de patrullaje realizadas en el sector 3 del Barrio Nueva Valencia, parroquia Tocuyito, municipio Libertador, agentes de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) localizaron un vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa, color blanco, placas AA982GU, año 2000, el cual estaba abandonado.

De igual manera una moto marca Empire, modelo Horse, color azul, placas AD8V94G fue recuperada por funcionarios de la Estación Policial Los Bucares, cuando realizaban recorridos de rutina por el sector Agua Dulce, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Valencia.

El Comisionado Mejías destacó que el Plan “Cerco Policial” sigue arrojando resultados positivos en los catorce municipios del estado, gracias a un esfuerzo conjunto de todos los organismos de seguridad quienes se mantienen desplegados activamente con el firme propósito de convertir a Carabobo en un estado más seguro.

miércoles, 27 de febrero de 2013

Conozca cómo Indepabis realiza los procesos de fiscalización


Foto: referencial
Foto: referencial


















La fiscalización comienza con una denuncia o reclamo hecho por el consumidor, una vez procesado, se envía a dos fiscales -en su mayoría formados en ciencias económicas- a inspeccionar el comercio denunciado 

En enero de 2013, el gobierno nacional puso en marcha el Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunto, con el fin de proteger a los consumidores del desabastecimiento y la especulación, aplicados en su mayoría a productos de la canasta básica, regulados y no regulados.

El proceso de fiscalización inicia con una denuncia, queja o reclamo presentados por un consumidor ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis). Una vez procesada, se envía a dos fiscales -en su mayoría formados en ciencias económicas- a inspeccionar el comercio denunciado.

"En el establecimiento comercial lo primero que hacemos es identificarnos y solicitar la presencia del encargado. Nos presentamos ante él y pedimos su autorización para comenzar la inspección en la que revisamos los depósitos, almacenes, mercancías y etiquetas de precios de los productos", informó a AVN, Trino Martínez, director nacional de Inspección y Fiscalización del Indepabis.

De igual manera, se solicita la documentación vigente de la empresa: Acta constitutiva debidamente registrada, el Registro de Inscripción Fiscal (RIF), la última asamblea de socios, copia de la cédula del encargado y facturas de los productos. Dependiendo de las características del establecimiento comercial, se requieren los permisos especiales como registros sanitarios, manipulación de alimentos y certificados de salud, entre otros.

Tras verificar que los productos, precios y permisos estén en orden, los fiscales realizan un Acta de Inspección, la cual se imprime en papel de seguridad, y es suscrita tanto por los inspectores como por el encargado de la tienda.

"Si en esa inspección se percibe que hay una irregularidad, se levantará un Acta de Fiscalización, con la que se sancionará al establecimiento comercial. Estas sanciones pueden ser una multa que va desde 100 hasta 5.000 Unidades Tributarias (UT) o un cierre preventivo, a los fines de que en ese lapso se corrijan las irregularidades identificadas", señaló Martínez.

Sanciones de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios
Las sanciones son revocables, tal como lo estipula la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, en su artículo 113, referido a la posibilidad del comerciante de oponerse a la medida preventiva.

Si el dueño de la empresa sancionada considera injusta la medida aplicada, tendrá pleno derecho de oponerse a ésta, enviando un oficio a la presidenta de Indepabis, exponiendo sus razones y pruebas, en un lapso no mayor de 72 horas.

El Acta de Fiscalización se envía a la Sala de sustanciación del instituto de defensa del consumidor, junto a los documentos probatorios de la irregularidad, donde se tomará la decisión de continuar o no el proceso administrativo iniciado.

En caso de recibir la oposición a la medida preventiva, la presidenta del Indepabis deberá evaluar si se ratifica, se modifica o se revoca la medida preventiva aplicada en un lapso no mayor a 20 días hábiles.

Martínez mencionó que el Recurso Jerárquico ante el ministerio del Comercio y el Recurso contencioso administrativo, son dos instancias a las que puede recurrir la empresa para ejercer su derecho a la defensa.

"Si una empresa considera que el ilícito que cometió no es tan grave para ejercer una determinada sanción, sus representantes pueden ejercer estos recursos", explicó.
Casi 80% de las empresas ejercen este derecho, pero en la mayoría de los casos se comprueba que la decisión de la Sala de sustanciación fue acertada.
Si se aplica el cierre preventivo por 72 horas, la empresa debe subsanar la irregularidad que motivó la sanción y, acotó Martínez, "si la irregularidad se mantiene, el local se podrá cerrar hasta por 30 días más, o se podrá dar inicio a un procedimiento penal por el Indepabis que es un órgano auxiliar del Ministerio Público".
Como en la mayoría de los establecimientos sancionados se desconoce la Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, se dará un taller de formación sobre su contenido en cada uno de ellos, adelantó el director nacional de Inspección y Fiscalización del Indepabis.