18 de abril de 2012.- El día lunes 16 de abril marcó un hito en la Universidad de Carabobo: prácticas antidemocráticas enmascaradas de legalidad, impulsaron la movilización de un número importante de profesores que se trasladaron al Consejo Universitario donde se realizaba la sesión ordinaria N° 1.657 en cuya agenda, entregada días antes, no figuraba la ya determinada juramentación de la Decana de la FaCE, pero el clima avizoraba que ocurriría tal hecho. Correos previos, comunicaciones virtuales vía textos e invitaciones personales, preparaban el terreno. Desde otros sectores, ante el silencio e ingobernabilidad en la FACE, se reunieron y discutieron -con todo que existen diferencias políticas e ideológicas-, una salida concertada, así nos informaron varios profesores de esta casa de estudios.
El resultado fue el acuerdo de solicitar un Derecho de palabra, entregar una carta donde problemática y soluciones fueran reflejadas. 126 profesores ordinarios de escalafón firmaron dicho acuerdo, este número representa más del 55 % de la Asamblea de la Facultad.
A continuación se reproduce el Derecho de palabra ejercido.
Profesora Jessy Divo de Romero
Rectora Presidenta y Demás Miembros del Consejo Universitario
De la Universidad de Carabobo
Por este medio nos dirigimos a este honorable cuerpo a fin de exponer nuestra profunda preocupación por la falta de democratización en la evidente designación de una persona al cargo de Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación donde han sido excluidos sectores que hacemos vida universitaria en la mencionada facultad. El escenario se ve cada vez más sombrío cuando en una decisión de tanta importancia como la designación del decano encargado de la continuidad administrativa en la Facultad, como consecuencia de la jubilación del Decano Luis Torres, y la imposibilidad de realización de las necesarias elecciones, se pretende decidir a lo externo de la Facultad sin tomar en cuenta la vigente Ley de Universidades, en la cual se estipula, en el Art. 55, Atribuciones de la Asamblea de la Facultad, numeral 1 “Elegir el Decano” y el Art. 66 de la misma ley norma: “En caso de la falta absoluta del Decano se procederá a una nueva elección para el resto del periodo”.
Siendo el caso que estamos planteando, que el periodo para el cual fue electo el Prof. Luis Torres como decano vence en este mes de abril, y ante la imposibilidad de convocar elecciones por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, consideramos que en atención a la Ley de Universidades y al ejercicio pleno de la autonomía universitaria, corresponde a la Asamblea de la Facultad de Ciencias de la Educación darse su gobierno, situación que es coherente con el discurso de ustedes
En tal sentido, pedimos a ustedes justicia universitaria y en consecuencia se convoque a una plenaria de la Asamblea de Facultad y sea ésta la encargada de decidir quien será el decano hasta que se permita la convocatoria a elecciones por parte de la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo.
Es de hacer notar que los aspirantes deben observar las condiciones señaladas en el Art. 64 de la antes mencionada Ley de Universidades, el cual estipula: “Los Decanos de las Facultades deben ser ciudadanos venezolanos, reunir elevadas condiciones morales, poseer título de Doctor otorgado por una Universidad del país, tener suficientes credenciales científicas o profesionales y haber ejercido con idoneidad, por lo menos durante 5 años, funciones universitarias, docentes o de investigación”.
Es por esto que consideramos que ustedes tienen la alta responsabilidad de hacer la consulta a quienes somos actores directos y miembros de la Asamblea de la Facultad como máxima autoridad según la Ley de Universidades en su artículo 52.
Así mismo, consideramos que al realizar la consulta, hay que convocar a los estudiantes miembros de la Asamblea de la Facultad, ya que el derecho los acompaña en la elección del Decano ante la falta absoluta que estamos viviendo y según lo rige el artículo 53 de la precitada Ley de Universidades.
Por todo lo anterior, solicitamos a los miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo que promuevan una consulta de los diferentes sectores que hacen vida en la Universidad que todos defendemos como institución democrática y participativa, con la convocatoria a la Asamblea de la Facultad de Ciencias de la Educación para concertar una propuesta que emerja desde la consulta amplia, de lo contrario se podría generar un clima de ingobernabilidad para una persona impuesta sin considerar las mayorías académicas y políticas de la Facultad de Ciencias de la Educación. Sin embargo, se puede considerar un grupo de profesores que tienen condiciones suficientes y necesarias para ser Decano, entre otros: Ruth Alvarado, Arelys Marcano, Teresa Mejías, Wilma Gómez, Abraham Toro, Lewis Lamus, Miguel Patacón, Manuel Martínez, María Albers de Urriola.
Es justicia que pedimos a ustedes los abajo firmantes, en Bárbula a los once días del mes de abril de 2012. *
Las informaciones de los allí presentes es que la violencia llegó justamente cuando los profesores ejercían el Derecho de palabra, golpes a la puerta, disparos, gritos y una confusión generó este hecho. La policía apareció “de la nada”, los medios detrás de la policía lograron gráficas espectaculares y el Secretario de la Universidad, en una escena bastante confusa se transforma en un "superhéroe", somete a uno de los que entró en forma intempestiva, entregado prácticamente.
Luego de esto, el secretario lanzó improperios y acusaciones en contra de quienes ejercían el Derecho de palabra endosándoles la responsabilidad de los acontecimientos, posteriormente pidió disculpas, pero desde su teléfono no cesó de escribir y enviar las mismas acusaciones, continuaron los denunciantes.
Como medida preventiva suspende las clases en la Facultad de Ciencias de la Educación, todo porque cronométricamente la oficina que ocupaba el decano fue quemada, justamente cuando estos hechos ocurrían en el rectorado y en operación comando quemaron unos cauchos, la orden siguiente fue el desalojo preventivo del recinto universitario.
Ante esta situación, los profesores se dispusieron a reanudar la sesión y culminar de leer el Derecho de palabra, con la confianza de que la razón y la cordura habrían llegado. Sin embargo, un comentario del consejero universitario, profesor Carlos Cocharella, reflejaría la delación de lo que se impondría, “acá se tomará una decisión que a unos les gustará y a otros no”. "Si a esto se le suman las pancartas y los invitados traídos desde Caracas para dicha celebración, así como los volantes a todo color repartidos, se ajusta esta situación al comentario del consejero", así lo expresaron los profesores.
Ante estos hechos, los profesores manifestaron en primer término, repudiar las acusaciones venidas desde la Rectora, el Secretario y las declaraciones de la Decana impuesta, que acusan frontalmente al sector de profesores, estudiantes y trabajadores, culpables de la violencia. Ellos plantearon reflexiones interrogativas ¿A quiénes les convenía la violencia? ¿A quiénes les sabotearon el derecho de palabra? ¿Por qué la quema del decanato? ¿Será una cortina de humo? ¿Cuáles son los sectores violentos y minoritarios a los que hace referencia en su declaración la Decana impuesta? ¿Será que están gritando “ahí viene el lobo, ahí viene el lobo” mientras cubren su piel de canis lupus? ¿La empresa privada llamada “postgrado” tendrá clases? Estas preguntas, así como otras las hicieron los profesores mientras declaraban.
"En segundo término, la violencia ha sido utilizada para cubrir las huellas de la bribonada jurídica aplicada, pues conocido el resultado, se supo que la falaces argumentaciones se basaron en una jurisprudencia de casos anteriores, pero que a la luz de la verdad en aquellos, al parecer, hubo un consenso y en este, de 231 profesores ordinarios 126 manifestamos por escrito nuestra disconformidad, somos el 55 % de los profesores, sin contar los estudiantes y demás trabajadores.
En tercer término, repudiamos cómo se hace uso de la Ley de Universidades, a conveniencia de las autoridades, quienes interpretan de manera caprichosa los artículos de esta ley, específicamente el artículo 23, convirtiendo al Decano sustituto en un Decano sucesoral, como si fueran cargos traspasables o heredables. El Decano saliente solicita la designación, pero no tiene potestad para decidir ni proponer el nombre del sustituto o sustituta", continuaron.
Por último, un sector de los profesores hicieron el llamado para se dé el reinicio de las clases y que sea bajo el debate democrático, participativo, de todos sectores, la búsqueda de la solución; que no sea una imposición. "Les hacemos un llamado a la Rectora, al Vicerrector Administrativo y al Secretario a que mantengan una coherencia discursiva cuando hablan de democracia para el país y a lo interno imponen su férrea dictadura".
*Firmas en depósito: 126 de profesores ordinarios miembros de la Asamblea de la Facultad de Educación. Representa el 55% de la Asamblea Profesoral.
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