El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, defendió ayer la solicitud de asilo que presentó Edward Snowden, acusado de espionaje por Washington, durante una rueda de prensa en Vietnam. “El denunciado persigue al denunciante. El hombre que intenta aportar luz y transparencia a hechos que afectan a todas las personas se ve perseguido por quienes deberían dar explicaciones a gobiernos y ciudadanos acerca de las denuncias presentadas”, dijo el ministro durante una conferencia de prensa, en la que citó una carta que remitió Snowden al presidente Rafael Correa en el que expone los motivos por los que solicita asilo a Ecuador: “Le escribo para solicitar asilo en Ecuador ante el riesgo de persecución por parte del Gobierno de Estados Unidos y sus agentes”, afirmó, agregando que, de ser detenido, “es improbable que reciba un juicio justo o un trato humano, corriendo el riesgo de cadena perpetua o de muerte”. El canciller dijo que se analizaría la solicitud de asilo en función de los artículos de la Constitución que garantizan el principio de no devolución y los derechos de libre movilidad.
A media tarde de ayer el presidente Rafael Correa escribió en su cuenta en Twiter: “Tengan la seguridad de que analizaremos muy responsablemente el caso Snowden y tomaremos con absoluta soberanía la decisión que creamos más adecuada”.
Las declaraciones coinciden con la entrada en vigor de la nueva Ley de Comunicación, aprobada el pasado 14 de junio por el Ejecutivo. Los medios de prensa privados indicaron que el nuevo cuerpo legal lesiona la libertad de expresión.
Tomaremos con absoluta soberanía la decisión que creamos más adecuada"Rafael Correa, presidente del país
El diario El Comercio lo consideraba un “golpe a la libertad” que “limita la acción de los medios no alineados con el poder”. El diario critica, sobre todo, las dos figuras que se introdujeron en la ley la víspera de la votación en el Parlamento ecuatoriano. Estas son el delito de “linchamiento mediático” y la creación de la Superintendencia de Comunicación e Información. Con la primera se sanciona al medio que reiteradamente publique informaciones en contra de un funcionario público y con la segunda se pretende vigilar y controlar la información, que ahora es considerada un servicio público. Por eso no deja de ser paradójico que la solicitud de asilo del exempleado del espionaje de EE UU sea analizada bajo los preceptos de la libertad de expresión.
Para Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, una de las entidades que lucha en el país por la libertad de expresión en Ecuador, la Ley de Comunicación establece “censura previa y hay un ambiente de autocensura provocado por las sanciones a los medios a partir de figuras como el linchamiento mediático”.
El portavoz de Fundamedios habla de un “doble estándar” en el manejo de los temas de derechos humanos. Y le parece por lo menos curioso que, de cara al extranjero, el país sea el abanderado de la libertad de expresión.
Para el diputado del partido del oficialismo Virgilio Hernández, la defensa de Snowden no está reñida con este cuerpo legal. “El país soberanamente debe valorar si están en riesgo los derechos fundamentales de una persona que está pidiendo el asilo y los hechos que denunció Snowden afectan a las libertades de lo que representa la civilización occidental”.
Pero la oposición política tiene claro que hay una doble moral en el Gobierno y que el presidente solo busca su espacio en la esfera internacional. Para Ramiro Aguilar, diputado por el movimiento SUMA, conservador, “al Gobierno le importa muy poco o nada lo que piense la opinión pública internacional de él, pretende cinco minutos de reflectores y desviar la atención interna del país. El tema de esta semana es Snowden y con esto mató el debate de la Ley de Comunicación”.
