Autor: José Rafael Pérez (*)
La célebre frase de Hamlet la tomo para describir lo que actualmente sucede en al Circuito Judicial Laboral del Estado Carabobo. Un conflicto entre varios accionistas de una clínica privada (Centro Médico Valle de San Diego), ubicada en el Municipio San Diego del estado Carabobo, provoca el desconocimiento de derechos fundamentales de más de setecientos (700) trabajadoras y trabajadores. El referido Centro Médico no es propietario del terreno ni de la edificación donde funciona; adeuda grandes cantidades de dinero a proveedores de insumos y de material médico; mantiene deudas exorbitantes con el IVSS, BANAVIH, INCES; 99 trabajadores que han renunciado no han recibido el pago oportuno de sus prestaciones sociales; 256 trabajadoras y trabajadores que han solicitado adelanto de prestaciones, cumpliendo con la ley, se les ha negado.
Todos estos elementos prendieron la alarma para que un grupo de trabajadoras y trabajadores con el Sindicato, presentaran una demanda para la protección de sus intereses y derechos colectivos, especialmente para que se constituya un Fideicomiso y así tener garantizadas sus prestaciones. El juez que inicialmente le tocaba conocer el caso (Servio Fernández(), recibió un mensaje de texto de un abogado empresarial para que a cambio de una fuerte suma de dinero “dejara eso hasta allí”. El Juez no formuló denuncia alguna. Tampoco lo hizo la Jueza Presidenta del Circuito (Hilen Daher) a pesar de tener conocimiento del hecho delictivo, y estar obligados por el COPP a realizarla. El expediente fue enviado al Juez segundo de juicio, quien, por fuertes presiones económicas y políticas declara inadmisible la demanda; dos Juezas superiores, conociendo en apelación se inhibieron. Luego el Juez Superior Segundo (Omar Martínez) declara sin lugar la demanda alegando, en forma por demás estúpida, que la demanda excede el límite de 20 personas. Desde que se presentó esa demanda ningún Juez del Circuito Judicial Carabobo ha tomado en consideración los alegatos y los argumentos de las trabajadoras y trabajadores. En el interior del Centro Médico el patrono ha instalado un estado de terror, con el despido de más de 30 personas, amenazas de apertura de juicios penales, hostigamiento, acoso. Todos estos hechos han sido denunciados ante la Inspectoría del Trabajo en Valencia, donde le dicen a los afectados “que todavía no hay inspector”. Estas personas solo exigen que sus prestaciones sean colocadas en un Fideicomiso, en atención que es un derecho que tienen garantizado en la Ley, y por la situación de crisis que vive el Centro Médico donde prestan servicios. Ello nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad que la novísima LOTTT tenga efectiva aplicación ante un elenco de jueces y juezas corruptos, timoratos y cobardes.
En Carabobo, los Jueces y Juezas que han intervenido en el presente caso, están literalmente arrodillados ante el poder económico del patrono. La solicitud de cualquier trabajadora o trabajador sobre la constitución de un Fideicomiso para así garantizar sus prestaciones ante un patrono felón, no puede ser desestimada con argumentos falaces, con formalismos inútiles, que solo son telón de fondo del desprecio que tienen estas juezas y jueces de Carabobo por las trabajadoras y trabajadores. El Derecho Laboral es proteccionista, característica ésta reafirmada en la LOTTT. Ello implica que tanto el Tribunal Disciplinario Judicial donde está denunciado el Juez Jorge Silva, así como los Magistrados de la Sala de Casación Social tienen la obligación de aplicar sanciones ante un atropello sistemático contra derechos inalienables de los trabajadores. El saneamiento del Poder Judicial en Carabobo, ahora en materia laboral, es tarea impostergable.
(*) Abogado
jrperezca@hotmail.com
