viernes, 22 de febrero de 2013

Gobierno de Carabobo solicitó abrir una investigación en contra de Henrique Salas Feo

Andreí­na Ramos   

El secretario general de gobierno, Miguel Flores, informó que hay un número importante de obras que quedaron inconclusas, cuyos contratistas no aparecen

El parlamento carabobeño iniciará las investigaciones del daño al patrimonio del estado, dejado por la gestión del exgobernador, Henrique Salas Feo, que supera los dos mil millones de bolívares.

La solicitud para esta investigación la realizó en nombre del gobernador bolivariano, Francisco Ameliach, el secretario general de gobierno Miguel Flores, quien precisó con pruebas en mano que el presunto desfalco se realizó con el desvío de recursos en cinco áreas puntuales, siendo la más significativa la no ejecución de unas 500 obras con presupuesto ya asignado.

“Hay un número importante de obras que quedaron inconclusas. Los contratistas no aparecen y la gobernación le dio a estas empresas anticipos que superan el 50 por ciento del costo de los proyectos”, destacó Flores.

Asimismo, informó que se encuentran realizando investigaciones de campo y contrastando la ejecución financiera con la ejecución física. “Hay un desfalco a los recursos del estado y eso lo estamos investigando, solicitamos al parlamento que se active junto al órgano de control correspondiente”.

Las cinco áreas que abarca esta denuncia son: la malversación de fondos para el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar, el uso del Fondo Único de Responsabilidad Social “como una caja chica”, la Fundación Festival de Cabriales y el Hospital Central de Valencia.

En el caso del Fondo Único de Responsabilidad Social, explica Flores, “la gobernación dirigida por Salas Feo le solicitaba de manera directa a los contratistas el porcentaje que establece la Ley de Contrataciones Especiales y con ese dinero pagaban propagandas y gastos burocráticos. Sólo en este hecho se desviaron 50 millones de bolívares”.

Por otro lado, señala el caso de la Fundación Festival de Cabriales cuyo administrador facturaba a su lugar de residencia. “Eso representa un daño al patrimonio que supera los 500 mil bolívares fuertes”.

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