Dueño de una empresa tiende trampa a sus trabajadores en Valencia

Foto: Archivo Noticias24 Carabobo

(Valencia, 28 de abril. Noticias24 Carabobo) La audiencia prevista para este domingoen el Palacio de Justicia del Estado Carabobo, para aperturar el caso de los ocho trabajadores de Civetchi detenido el viernes, por presunto delito de extorsión, fue diferida para esta semana.

Los hombres fueron trasladados nuevamente a la sede del Sebin, en Naguanagua. Se espera que el martes 30 de abril sean llevados una vez más al palacio, donde los jueces respectivos iniciarán el caso.

Un grupo de trabajadores de la ensambladora Civetchi se reunió la mañana de este domingo en las afueras del Palacio de Justicia, para exigir la liberación de las ocho personas , detenidas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia la noche del viernes dentro de un concesionario en la avenida Lara, en Valencia. Los familiares piden “compasión”.

Eduardo Riera es almacenista de la empresa, ubicada en la Zona Industrial de Valencia, desmintió que los ocho detenidos hayan conspirado con la directiva de la planta para recibir dinero a cambio de que se disolviera la creación del sindicato de trabajadores.

Foto: Kervin García/Noticias24 Carabobo

“Esto es una lucha que lleva año y medio, no somos delincuentes ni mucho menos extorsionadores como han tratado de ver a nuestros compañeros”, expresó al señalar que el gremio de obreros pide la intervención total de la empresa mixta por parte del Estado.

Foto: Kervin García/Noticias24 Carabobo

La noche del viernes funcionarios del Sebin detuvieron a los ciudadanos con altas sumas de dinero dentro de las instalaciones del concesionario Auto France C.A.,presuntamente producto de una negociación hecha entre ambas partes.

Al respecto, Riera comentó: “a ellos los llamaron del departamente de Recursos Humanos para decirles que el jefe los quería ver allá y cuando llegaron le lanzaron 25 mil bolívares dentro de un sobre”, relató.

Foto: Kervin García/Noticias24 Carabobo

Flor Pineda, madre de Rubert Torrealba, manifestó que su hijo sufre de una discapacidad motora y aseguró que no está involucrado en el caso. “Por solamente exigir beneficios laborales lo implican en esta supuesta estafa”.

Betsi Pacheco de Nieves es esposa de Jean Nieves, quien lleva dos años frente al cargo de PCP en Civetchi. Sostuvo que su esposo tiene año y medio aislado a los patios de la empresa, alejado de la zona interna de la planta. “Así que no tiene nada que ver con esto, solamente porque quería formar el sindicato no lo dejaban entrar a la planta”.

Redacción: Kervin García Mannillo / Noticias24 Carabobo

Foto: Kervin García/Noticias24 Carabobo

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Acusados 13 funcionarios y 6 civiles por caso de avioneta con drogas en Valencia

EL AVIÓN QUE SALIÓ DEL PAÍS Y QUE FUE CAPTURADA EN ISLAS CANARIAS

Credito: Archivo

09/10/12.- El Ministerio Público acusó a 13 funcionarios y seis civiles por su presunta vinculación con el caso de la avioneta matrículas 9HFED (alemana), modelo Bombardier Global, aeronave que despegó del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, estado Carabobo, la madrugada del 12 de agosto de este año con un cargamento de droga, alijo que fue decomisado por autoridades españolas en las Islas Canarias.

En el escrito, los fiscales 3° y 26° nacionales; 5°, 13° y 29° de Carabobo, Eylin Ruiz, José Miguel Medina, Analia Aguilar, Asdrúbal Durán y Linda Goitía, respectivamente, acusaron a los sargentos mayores de segunda de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Renny Tovar y Francisco Silva; al sargento mayor Edecio Magallanes; y al sargento primero Wiston Leañez, por presuntamente incurrir en los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, corrupción agravada y asociación para delinquir.

Dichos delitos se encuentran establecidos en las leyes Orgánica de Drogas, contra la Corrupción y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Igualmente, fueron acusados los sargentos mayores de segunda del referido componente militar, José Martínez, José Guerrero, Álvaro Acuña y Juan Espinoza; el sargento primero Edgardo Salazar; el comisario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, José García; y el funcionario del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, Jesús López, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, corrupción propia y asociación para delinquir.

En el mismo escrito fue acusado el controlador aéreo, José Guerrero; y la funcionaria del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Mauri Montilla, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, corrupción propia, asociación para delinquir y obtención fraudulenta de ruta.

Por su parte, el gerente general de la empresa Banyan Service, Leonardo Cabaña, fue acusado por el delito de financista en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Asimismo, fueron acusados los empleados de dicha empresa, Alexandra Hernández, José Machuca y Jesús Maldonado; así como el colombiano Juan Bilbao; y el vigilante del Aeroclub Valencia, Moisés Fuenmayor, por presuntamente incurrir en los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación para delinquir.


La acusación fue interpuesta ante el Tribunal 10° de Control de Carabobo, instancia a la que el Ministerio Público solicitó la admisión de la acusación, el pase a juicio de las mencionadas personas y que se mantenga la privativa de libertad contra los 13 funcionarios y los seis civiles, quienes se encuentran detenidos en el Internado Judicial de ese estado, conocido como Tocuyito.