Dos venezolanos que viven en el sur de la Florida, una madre y su hijo, fueron detenidos por agentes federales y acusados de intentar enviar de contrabando a Caracas un total de 3,600 balas de 9 milímetros.
Yanina José Matos Galindo, de 45 años, y su hijo Kevin José Montell Matos, de 24, se declararon inocentes el miércoles ante el tribunal federal de Miami, dos meses después de ser arrestados por agentes de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).
El caso es sólo el más reciente en el sur de la Florida que involucra a sudamericanos que son arrestados y acusados de tratar de vender artículos prohibidos o restringidos a Venezuela.
En agosto del 2006, el gobierno estadounidense prohibió la exportación de artículos de defensa y servicios a Venezuela bajo una sección de la Ley de Control de Exportación de Armas.
Funcionarios de HSI no hicieron comentario especifico sobre el caso de las balas, pero un alto funcionario de la unidad en Miami dijo que la prevención de la exportación ilegal de armas de fuego y municiones es un prioridad.
“HSI se enfoca a evitar la exportación ilegal de armas de fuego y municiones desde Estados Unidos, especialmente por aire y carga marítima”, según dijo el agente especial adjunto a cargo Robert Hutchinson. “HSI colabora de cerca con sus socios públicos y privados para detener la exportación ilegal de armas de fuego escondidas dentro de la carga, al mismo tiempo que facilita el comercio”.
No está claro si las balas incautadas en el caso relacionado con Matos Galindo y su hijo están incluidas en la prohibición de exportación. Un explicación sobre la prohibición que aparece en la página web de la embajada de Estados Unidos en Caracas indica que la munición para “uso personal” podría quedar exenta de la prohibición.
Una denuncia penal en el caso, preparada por un agente de HSI, indica que la principal sospechosa, Matos Galindo, afirmó que estaba enviando las balas a su hermano en Venezuela.
A pesar de eso, Matos Galindo y su hijo fueron acusados porque no obtuvieron una licencia federal para el envío y no notificaron a la compañía de envíos sobre el verdadero contenido de los paquetes consignados.
Los abogados de Matos Galindo y de su hijo no pudieron ser contactados para que hicieran comentarios.
El caso comenzó cuando empleados de EXCEL Express Cargo, una compañía de envíos y carga en Miami, descubrieron la munición en tres paquetes que iban a ser enviados a Caracas y que estaban etiquetados como “repuestoss”, según explica la denuncia penal disponible en la corte federal en Miami.
EXCEL Express Cargo luego se puso en contacto con la Policía de Miami-Dade, que llamó a los agentes federales, según indica la denuncia penal de HSI.
Cuatro días después de que HSI confiscara las balas, un agente federal encubierto, haciéndose pasar como empleado de EXCEL Express Cargo, contactó a Kevin Montell Matos y le advirtió que las balas habían sido descubiertas, pero que las autoridades no iban a ser llamadas y la munición sería enviada a Caracas si estaba dispuesto a pagar un soborno de $200.
EL NUEVO HERALD
