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sábado, 13 de julio de 2013

ONU: "Snowden tiene derecho a solicitar asilo, y debe ser protegido"

Navi Pillay

NAVI PILLAY

Ginebra, julio 12 - La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, ha afirmado este viernes que el ex analista de la CIA estadounidense Edward Snowden tiene derecho a solicitar asilo y debería ser protegido por haber revelado información que atenta contra los derechos humanos.

"El caso de Snowden muestra la necesidad de proteger a las personas que revelan información que tiene implicaciones en el respeto de los derechos humanos, así como la importancia de asegurar el respeto por el derecho a la privacidad", aseguró Pillay citada en un comunicado.

La Alta Comisionada señaló que los Estados deben "asegurar" que las personas que revelen violaciones contra los derechos humanos puedan hacerlo sin temer a ser perseguidos posteriormente. "Los sistemas legales deberían asegurar que existen adecuados espacios para los individuos que revelen violaciones a los derechos humanos para expresar sus preocupaciones sin miedo a represalias", añadió.

"Hago un llamamiento a todos los Estados a que respeten el derecho internacionalmente garantizado de Snowden de buscar asilo", señaló en su comunicado la representante de Naciones Unidas.

Pillay parafraseó al ex relator especial para la promoción y protección de los derechos humanos, Martin Scheinin, quien dejó claro que revelar información secreta que es de interés público es lícito. "Información fiable sobre serias violaciones a los derechos humanos por una agencia de inteligencia es muy probable que provenga de la propia agencia. En estos casos, el interés del público en conocer el contenido de esta revelación pesa más que el desconocerlo". "Estos reveladores de información deberían estar protegidos de represalias legales y acciones disciplinarias cuando revelen información no autorizada", señaló.

La Alta Comisionada recordó que existen varios tratados y declaraciones de Naciones Unidas que protegen a aquellos que a su vez protegen los derechos humanos.

Asimismo, Pillay dijo que si bien las preocupaciones sobre seguridad nacional pueden justificar una vigilancia específica, "vigilar sin las adecuadas salvaguardas para proteger el derecho a la privacidad corre el riesgo de impactar negativamente en el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales".

"La gente tiene que confiar en que sus comunicaciones privadas no son vigiladas por el Estado", agregó la Alta Comisionada, quien concluyó recordando que el derecho a la privacidad, el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión están íntimamente ligadas. "La gente tiene el derecho democrático a participar en los asuntos públicos y este derecho no puede ser ejercido efectivamente sólo basándose en información autorizada", sentenció Pillay.

martes, 9 de julio de 2013

Brasil llevará caso de espionaje de EEUU a la ONU e investigará a operadores locales

Dilma Rousseff

DILMA ROUSSEFF

Credito: Archivo

Brasilia, julio 8 - La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció hoy que su país llevará el caso de supuesto espionaje a ciudadanos brasileños por parte de Estados Unidos al seno de las Naciones Unidas.

"Vamos a presentar la propuesta a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pues uno de los preceptos fundamentales es la garantía de la libertad de expresión, pero también de los derechos individuales, principalmente el de la privacidad, que también está garantizado en nuestra Constitución", declaró Rousseff a periodistas.

El diario O Globo de Río de Janeiro publicó el domingo un reportaje en el que reveló que Brasil, al igual que la mayoría de los países del mundo, había sido espiado por los programas de rastreo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por su sigla en inglés).

El reportaje usa datos filtrados por el exanalista de la CIA Edward Snowden, que está hace dos semanas en Moscú a la espera de que algún país le conceda asilo político.

La Cancillería pidió el domingo explicaciones al embajador de Estados Unidos en Brasilia, Thomas Shannon, y la legación diplomática brasileña en Washington hizo lo mismo con el Departamento de Estado.

Rousseff indicó que el Ministerio de Comunicaciones y la reguladora Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) investigarán la participación de empresas brasileñas en los supuestos actos de espionaje y anunció que el Gobierno pretende modificar la legislación sobre internet.

"Vamos a revisarla, porque uno de los asuntos que debemos observar es dónde se almacenan los datos y muchas veces los datos son almacenados fuera de Brasil, principalmente los de Google, y queremos entonces la obligación de almacenamiento de datos de brasileños en Brasil", apuntó.

Según Rousseff, una investigación sobre el asunto "es importante, para saber todo lo que hay de verídico".

"Sobretodo, Brasil tiene que dar garantías y tiene que construir una legislación que dé seguridad a los derechos humanos y a la privacidad de cada persona, de cada ciudadano, y en segundo lugar, no necesariamente en este orden, la garantía de soberanía de Brasil", consideró la jefa de Estado.

La agencia de telecomunicaciones de Brasil dijo el lunes que investigará si los operadores locales violaron la privacidad de sus clientes, en el marco de una supuesta intromisión de agencias de espionaje estadounidenses.

El ministro de Comunicaciones Paulo Bernardo dijo que Thomas Shannon, embajador de Estados Unidos ante Brasil, le dijo en una reunión que Washington no había espiado a los ciudadanos brasileños ni violado su privacidad.

En una rueda de prensa, Bernardo sostuvo que el embajador reconoció que el gobierno de Estados Unidos sí monitorea metadatos de las llamadas telefónicas, "pero no en Brasil".

Mientras tanto, el comité de Relaciones Exteriores del Senado brasileño dijo que invitaría a Shannon a testificar en una audiencia especial esta semana. Greenwald también será invitado, junto a autoridades brasileñas de seguridad, inteligencia y relaciones exteriores.

Anatel, el regulador de telecomunicaciones de Brasil, dijo por su parte que trabajaría con la policía federal para determinar si los operadores locales de telefonía habían violado alguna ley. La agencia no dijo qué compañías serían investigadas o si algún operador específico estaba ya bajo sospecha.

De acuerdo a los reportajes de O Globo, el acceso a compañías brasileñas fue obtenido a través de firmas estadounidenses socias de empresas de telecomunicaciones del gigante sudamericano.

Entre las mayores empresas de telecomunicaciones de Brasil aparecen TIM Participacoes, la unidad local de Telecom Italia; Grupo Oi; Telefonica Brasil; y Claro, una unidad de la empresa America Movil del magnate mexicano Carlos Slim.