Informó Eduardo Samán: Detenido el supervisor nacional de Fiscalización de Indepabis

Por: Agencia Venezolana de Noticias / Aporrea.org / La Iguana

EDUARDO SAMÁN, PRESIDENTE DE INDEPABIS

Credito: Aporrea.org

Caracas, junio 17 - Este lunes fue detenido Daivis Lizcano, supervisor nacional de Fiscalización del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), informó este lunes el presidente del ente, Eduardo Samán.

Como parte de los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en la lucha contra la corrupción, la especulación y el acaparamiento, Samán recordó que se inició una averiguación contra Daivis Lizcano, que derivó en una privación preventiva de libertad la mañana de este lunes por parte de la Dirección General de Inteligencia Militar.

El referido ciudadano resultó "incurso en unas averiguaciones", precisó, por lo cual se procedió a su captura. De esta forma se convierte en el tercer funcionario del Indepabis detenido.

"Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para sanear la institución, para combatir la corrupción pública y privada que pueda haber. Nos han encomendado una tarea que vamos a cumplir a cabalidad", manifestó Samán en contacto en vivo por Venezolana de Televisión.

Anteriormente fueron detenidos el director nacional de Fiscalizaciones y el coordinador del Indepabis del estado Sucre.

Samán subrayó que continúan las investigaciones a partir de las denuncias que se han generado en el Indepabis para lograr erradicar la corrupción y devolver el prestigio al Instituto.

Indicó que entre otras medidas tomadas por el Indepabis se ejecutó la nulidad las credenciales de fiscalización emitidas a la fecha, así como se decidió cambiar el formato de las mismas.

"Son medidas que hemos tomado de emergencia para combatir este flagelo que es la corrupción", puntualizó.

Samán exhortó al pueblo a denunciar hechos de corrupción o intentos de extorsión a través del contacto 0800-RECLAMA (0800-7325262).

Conozca cómo Indepabis realiza los procesos de fiscalización

Foto: referencial

La fiscalización comienza con una denuncia o reclamo hecho por el consumidor, una vez procesado, se envía a dos fiscales -en su mayoría formados en ciencias económicas- a inspeccionar el comercio denunciado 

En enero de 2013, el gobierno nacional puso en marcha el Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunto, con el fin de proteger a los consumidores del desabastecimiento y la especulación, aplicados en su mayoría a productos de la canasta básica, regulados y no regulados.

El proceso de fiscalización inicia con una denuncia, queja o reclamo presentados por un consumidor ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis). Una vez procesada, se envía a dos fiscales -en su mayoría formados en ciencias económicas- a inspeccionar el comercio denunciado.

"En el establecimiento comercial lo primero que hacemos es identificarnos y solicitar la presencia del encargado. Nos presentamos ante él y pedimos su autorización para comenzar la inspección en la que revisamos los depósitos, almacenes, mercancías y etiquetas de precios de los productos", informó a AVN, Trino Martínez, director nacional de Inspección y Fiscalización del Indepabis.

De igual manera, se solicita la documentación vigente de la empresa: Acta constitutiva debidamente registrada, el Registro de Inscripción Fiscal (RIF), la última asamblea de socios, copia de la cédula del encargado y facturas de los productos. Dependiendo de las características del establecimiento comercial, se requieren los permisos especiales como registros sanitarios, manipulación de alimentos y certificados de salud, entre otros.

Tras verificar que los productos, precios y permisos estén en orden, los fiscales realizan un Acta de Inspección, la cual se imprime en papel de seguridad, y es suscrita tanto por los inspectores como por el encargado de la tienda.

"Si en esa inspección se percibe que hay una irregularidad, se levantará un Acta de Fiscalización, con la que se sancionará al establecimiento comercial. Estas sanciones pueden ser una multa que va desde 100 hasta 5.000 Unidades Tributarias (UT) o un cierre preventivo, a los fines de que en ese lapso se corrijan las irregularidades identificadas", señaló Martínez.

Sanciones de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios

Las sanciones son revocables, tal como lo estipula la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, en su artículo 113, referido a la posibilidad del comerciante de oponerse a la medida preventiva.

Si el dueño de la empresa sancionada considera injusta la medida aplicada, tendrá pleno derecho de oponerse a ésta, enviando un oficio a la presidenta de Indepabis, exponiendo sus razones y pruebas, en un lapso no mayor de 72 horas.

El Acta de Fiscalización se envía a la Sala de sustanciación del instituto de defensa del consumidor, junto a los documentos probatorios de la irregularidad, donde se tomará la decisión de continuar o no el proceso administrativo iniciado.

En caso de recibir la oposición a la medida preventiva, la presidenta del Indepabis deberá evaluar si se ratifica, se modifica o se revoca la medida preventiva aplicada en un lapso no mayor a 20 días hábiles.

Martínez mencionó que el Recurso Jerárquico ante el ministerio del Comercio y el Recurso contencioso administrativo, son dos instancias a las que puede recurrir la empresa para ejercer su derecho a la defensa.

"Si una empresa considera que el ilícito que cometió no es tan grave para ejercer una determinada sanción, sus representantes pueden ejercer estos recursos", explicó.

Casi 80% de las empresas ejercen este derecho, pero en la mayoría de los casos se comprueba que la decisión de la Sala de sustanciación fue acertada.

Si se aplica el cierre preventivo por 72 horas, la empresa debe subsanar la irregularidad que motivó la sanción y, acotó Martínez, "si la irregularidad se mantiene, el local se podrá cerrar hasta por 30 días más, o se podrá dar inicio a un procedimiento penal por el Indepabis que es un órgano auxiliar del Ministerio Público".

Como en la mayoría de los establecimientos sancionados se desconoce la Ley para la Defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, se dará un taller de formación sobre su contenido en cada uno de ellos, adelantó el director nacional de Inspección y Fiscalización del Indepabis.

Contraloría social desplegada en Carabobo

Foto: Referencial

Además de la supervisión se realizó una venta supervisada de aquellos alimentos que se detectaron con sobreprecio

Voceros de la contraloría social de siete Consejos Comunales del municipio San Diego en el estado Carabobo se activaron con el Indepabis en el operativo de fiscalización a establecimientos comerciales como parte del Plan Nacional de Inspección Conjunta.

En total se fiscalizaron cinco locales de expendio de alimentos, ferretería, entre otros.

Yajaira Núñez, miembro del consejo comunal Paraíso 3 del sector Campo Solo, manifestó que participaron voceros de siete comunidades organizadas de la zona para garantizar precios justos a todo el pueblo, “es necesario que el pueblo acompañe al Indepabis, por ser nosotros los que conocemos las necesidades reales de los automercados y establecimientos”.

Agregó que durante las inspecciones los voceros del Poder Popular recibieron de los funcionarios del Indepabis y la Guardia Nacional Bolivariana capacitación en la materia, a fin de darle seguimiento y permanente control al operativo.

Además de la supervisión se realizó una venta supervisada de aquellos alimentos que se detectaron con sobreprecio.

Instituto Municipal de el Ambiente realizó operativo de fiscalización a comercios

Valencia 03 de diciembre de 2012(Prensa Alcaldía Valencia).- Este lunes el Instituto Municipal del Ambiente realizó operativo de fiscalización a comercios de la avenida Lara, los cuales fueron notificados  en cuanto a los horarios de recolección de desechos.

La presidenta del IMA, Claudia Camilli ,informó que durante el operativo fueron citados seis comerciantes, además los fiscales del Instituto inspeccionaron  establecimientos de comida, algunos fueron cerrados parcialmente y multados, “estos comercios deben  cumplir con las normas establecidas en cuanto a la grasas de los alimentos “. dijo.

Explicó que las mismas son vertidas por  las aguas servidas ocasionando colapsos en los sistemas de drenaje, los dueños de estos locales deben ponerse al día con la multa y con el establecimiento.

Los horarios de recolección de la basura están establecidos  a partir de las siete de  la noche y los comerciantes que hacen vida en la avenida Lara, deben disponer los desechos sólidos en bolsas negras. De ser colocadas fuera del horario establecido y a lo largo de la isla central de la avenida, el ciudadano será sancionado  de dos a  veinte unidades tributarias (180 o 1800 bolívares).

Además de los horarios de recolección los comerciantes fueron alertados en cuanto a los espacios de las aceras, los dueños de los locales deben mantener la  mercancía dentro del establecimiento, no se permitirán obstaculización en el paso peatonal .

Camilli indicó que esta prohibición está contemplada en la Ordenanza  Municipal para el Buen Vivir, que se establece el libre tránsito peatonal.  Dijo también que propio de la época decembrina aumentan la cantidad de desechos sólidos,  “hasta ahora el IMA ha recolectado  cinco mil toneladas de de basura sin embargo los camiones recolectores continúan cumpliendo con sus labores”.

Hizo un llamado a la comunidad valenciana para que en esta época donde se incrementan los consumos y los desechos sólidos, colaboren con el mantenimiento de las calles y avenidas, respetando los horarios de recolección de basura y colocarla en los lugares destinados para ello. 

Indepabis en Carabobo inició fiscalización a colegios privados

Carabobo.- El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) inició fiscalización en los colegios privados del estado Carabobo a fin de verificar que estas instituciones acaten la disposición del Ministerio del Poder Popular para la Educación de aumentar sólo en 10 % la matrícula escolar.

Así lo informó el coordinador estadal del Indepabis, Juan Andrés Escorcha, quien señaló que el objetivo del operativo es garantizar el cumplimiento de la normativa, por lo que no limitarán las sanciones correspondientes.

"Hemos recibido muchas denuncias contra los colegios privados. Vamos a trabajar conjuntamente con la Zona Educativa y la Defensoría del Pueblo", dijo.

En este sentido, indicó que durante la primera jornada fue sancionado el colegio Ynca, ubicado en el municipio Valencia, por elevar el costo de sus matriculas en 30 %. Por esta irregularidad, al colegio le fue impuesta una multa de mil Unidades Tributarias.

Escorcha acotó que además de las sanciones pecuniarias, a los colegios reincidentes se les podrá iniciar un procedimiento administrativo que conllevaría a la revocación de la licencia de funcionamiento.

Dijo que los padres o representantes que se vean afectados por el incremento ilegal de las matrículas pueden formalizar la denuncia en las oficinas del organismo o a través de la línea telefónica 0800 RECLAMA (0800-7325262).