Con el reciente decreto del aumento salarial de 70% para las maestras y maestros carabobeños, la gobernación de la entidad trata de cometer una estafa, pues solo 20% es el incremento para este año, y el resto será fraccionado para el 2013, denunció ayer la diputada socialista al Consejo Legislativo regional (CLEC), Blanca Bustamante.
La parlamentaria, quien es presidenta de la comisión de educación, declaró ayer al Correo del Orinocoque tal “decreto es unilateral” y con este “el Ejecutivo de la entidad “desconoce y viola la ley”, puesto que “los docentes y las docentes venían discutiendo su convención colectiva en otros términos”.
Indicó que en la convención colectiva actual participan la Inspectoría del trabajo, los educadores estadales y los sindicatos. Ahí se solicitó cumplir las reivindicaciones laborales, con la petición de un incremento de 50% del salario.
En eso -relató Bustamante- irrumpió la gobernación y “le dio una patada a la mesa” de negociación. Se violaron los artículos 95 y 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 343 y al 344 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (Lottt), enumeró.
“Él (Salas Feo) publica, el 8 de mayo de este año, un decreto salarial de 70 % que acaba con la negociación. Es decir, unilateralmente decide que es lo conveniente, cuestión que es inadmisible. A la quinta convención colectiva, firmada en 2010, la deja de un lado, sin siquiera tomar sus disposiciones en cuenta”, reprochó.
En esa convención de 2010, recalcó la legisladora, se determinó que los docentes recibirían un 45% de aumento al momento de la firma: “Por eso es una estafa, una oferta engañosa, y resulta que lo que va a aumentar este año es un 20%. Se deja una deuda salarial para el 2013, es decir, para el próximo gobernador de Carabobo, Nicolás Maduro”.
Ese 20% es irrisorio para los docentes, critica Bustamante. En realidad, acotó, lo que se aumenta son solo 300 bolívares. De paso, el artículo cuarto del decreto de la gobernación coloca una camisa de fuerza a la misma convención colectiva que se discute, puesto ésta se deja incapaz de modificar los sueldos establecidos.
Por tal razón, argumentó Bustamante, se elevó la denuncia ante la Asamblea Nacional (AN), en particular a la comisión de Desarrollo Social. “El pasado 30 de mayo estuvimos allá, tomamos un derecho de palabra, nos atendió el diputado Carlos Gamarra, vicepresidente de la comisión. Ahí se dispuso visitar Carabobo para entablar una mesa de trabajo con los educadores. Eso se celebrará en la sede del CLEC, con el propósito de comenzar la discusión desde abajo”.
“Imagínense que todos los gobernadores emprendan decretar las contrataciones colectivas; entonces aquí no habría derecho para nadie”, reflexionó Bustamante.
FIRMES Y UNIDOS
De acuerdo con el vocero del sindicato de maestros Sutrabasec, Pablo Véliz, la decisión de Salas Feo rompió las conversaciones que se celebraban en la Inspectoría del Trabajo. Según su opinión, esto suspende el derecho a la progresividad de 7 mil educadores.
“Impugnamos el decreto, debido a que son cuatro fracciones de aumento bien distantes entre ellas, y ninguna de esas fracciones tienen vinculación entre sí. Todas, para colmo, se calcularon con el salario viejo. No hay recurrencia entre un monto y otro”, juzgó Véliz.
Por ejemplo, contrastó el líder laboral, el presidente Chávez decretó un salario mínimo. En este, detalló, se estableció un primer aumento, pero el segundo tiene recurrencia con el inicial. Al final, los trabajadores obtendrán un incremento de 32%.
Advirtió que la masa magisterial continuará en pie de lucha. Aclaró que el problema de la gobernación con los maestros no es solo por la cuestión salarial, sino por el abandono de los planteles.
“Por mencionar algo reciente: las comunidades se vieron en la obligación de cerrar la escuela Federico Gros toda vez que esta se encontraba en deplorables condiciones, especialmente en el tema ambiental”, sostuvo.
Véliz subrayó que allí no se dispone de personal de mantenimiento, ni limpieza. Tal situación se vivió hace unos días en el plantel de Quebrada Honda de Guacara. “Es recurrente esa crisis. A ello es necesario añadir los pasivos laborales que se han acumulado en los últimos años”, agregó.
Para la tarde de ayer se había iniciado la interpelación en el CLEC del secretario de educación de Carabobo. Al momento de conversación de Véliz con el Correo del Orinoco no había comenzado la jornada. Véliz calificó como justo el emplazamiento de la Asamblea regional.
Sin embargo, el dirigente demandó mayor firmeza contra lo que considera como “fraude perenne” del gobernador. “Ese señor siempre alega una falta de dinero. No obstante, nosotros hemos hecho seguimiento a los dineros adicionales y hemos denunciado que los ha tenido ganando intereses en los bancos”.
Nada más el 11 de abril pasado, aseveró Véliz, se incorporaron 67 millones de bolívares al presupuesto estatal, procedentes de intereses bancarios. De la misma manera, mencionó, “unos 128 millones de bolívares llegaron el 2 de diciembre de 2010 por la vía de créditos adicionales. Hemos verificado todas las Gacetas Oficiales y no se le ha dado disponibilidad a ese dinero”.
IMPLOSIÓN EN LA UC
Como parte de sus competencias, la diputada Blanca Bustamante se refirió a las contradicciones que, a su juicio, ocurren dentro de la Universidad de Carabobo (UC): “La rectora de la UC, Jessy Divo, violenta la autonomía al momento en que ella deja pasar a la policía de Carabobo y éstos se llevan presos a varios estudiantes”.
“Lo que percibimos es que la rectora tiene una implosión allí en la UC, porque desconoce la ley y hasta su propia gente. Hay docentes –de oposición, incluso- que califican para asumir los cargos internos y ella no se los asigna”, lo que hace pensar en que la asignación de cargos “obedece a grupismos”.
Texto y foto/Luis Tobías Baciao
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