Por: Luis
Britto Garcia- Mariclen Sterling
En Venezuela los medios de
comunicación crecen y se expresan sin cortapisas
Venezuela es uno de los países con
mayor libertad de expresión en el mundo, tanto por la sostenida expansión de su
sector de comunicaciones, como por la ausencia de restricción para los
contenidos que éste difunde.
La más decisiva prueba de que el
Estado venezolano no viola el derecho de buscar, recibir y difundir
información, consta en las decisiones de la propia Corte Interamericana de los
Derechos humanos emitidas el día 28 de enero de 2009 en los dos casos relativos
a los medios planteados ante ella.
La primera sentencia, relativa al
caso Radio Caracas Televisión (RCTV), declara que: “No ha sido establecido que
el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en
los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 335 a 394 de la presente
Sentencia”.
La segunda sentencia, relativa al
caso GLOBOVISIÓN, declara en forma terminante que: “No ha sido establecido que
el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en
los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 366 a 369 de la presente
Sentencia”.
Más adelante aportamos testimonios,
extraídos textualmente de los medios de comunicación venezolanos, que respaldan
irrefutablemente ambas sentencias y demuestran que desde ese entonces hasta el
presente reina en Venezuela la más irrestricta libertad de expresión.
Los medios privados venezolanos
crecen sin restricciones
Los medios privados venezolanos están
en un proceso de sostenida expansión que desmiente la idea de que el Estado les
imponga frenos o cortapisas. Citemos cifras contundentes de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones. Para 2012 circulan 334 publicaciones
periódicas; de ellas un centenar son cotidianos. La mayoría son abiertamente
opositoras al Gobierno. Sólo dos guardan un relativo equilibrio en la
información, según mediciones del comunicólogo opositor Marcelino Bisbal:
Últimas Noticias (Caracas) y Panorama (Maracaibo). Apenas tres (03) diarios,
aparecidos en los últimos años, no son opositores: Diario Vea, Correo del
Orinoco, y Ciudad Caracas.
Para 1998 funcionaban 331 emisoras de
FM comerciales privadas y apenas 11 de servicio público. Para 2012 estas cifras
casi se duplican: hay 499 emisoras FM comerciales, 83 de servicio público y 247
comunitarias. En 1998 emitían en señal abierta 36 televisoras comerciales y 8
de servicio público; para 2012 las cifras casi llegan al doble, pues funcionan
67 comerciales, 13 de servicio público y 38 comunitarias. Advirtamos que las
emisoras comunitarias tienen alcance limitado a una parroquia o un distrito, y
que su existencia a veces es efímera.
Este sostenido crecimiento de los
medios de comunicación privados y su decisiva preponderancia tanto en número
como en capacidad de emisión sobre los de servicio público, desmiente
categóricamente el alegato según el cual el Estado venezolano ejercería una
hegemonía comunicacional o aplicaría políticas que limitarían a los medios
privados.
Los medios venezolanos están en pocas
manos
Pero el crecimiento cuantitativo de
los medios no significa una democratización en su propiedad ni en la selección
del contenido. En los medios privados más importantes en Venezuela opera una
extrema concentración de la propiedad, tanto vertical como horizontal, en manos
de una decena de familias. Estos grupos para 1986 controlaban cerca de 94% de
la cobertura nacional de radio y televisión, y en oportunidades dominaban
diarios impresos. Los dueños de televisoras asimismo poseen las radioemisoras
más importantes, y paralelamente manejan empresas disqueras, agencias de
asesoría de imagen, de publicidad y de relaciones públicas. Hasta 2006, sólo
dos televisoras, Radio Caracas Televisión y Venevisión, controlaban el 75% de
la factura publicitaria televisiva, se cartelizaban para ofrecer rebajas a los
anunciantes que se abstuvieran de anunciar en otras plantas, y cobraban sus
servicios con una sola firma, Sercotel.
Ataques al gobierno democrático
A confesión de parte, relevo de
pruebas. En cuanto a la afirmación de que este complejo y creciente sistema de
medios difunde informaciones y sobre todo opiniones con la más absoluta
libertad, no hay mejor prueba que una antología del contenido reciente de
algunas de las más importantes y difundidas publicaciones del país. Radios y
televisoras replican y amplifican los mismos contenidos. Salvo que se indique
lo contrario, todas las publicaciones corresponden al año 2012.
La mejor estrategia para destruir un
gobierno democrático, legitimado por sucesivas elecciones inobjetables, es
tildarlo de autoritario, despótico o dictatorial. Desde 1998 los medios
privados de Venezuela mantienen una sistemática campaña en tal sentido, que se
desmiente a sí misma puesto que ningún gobierno dictatorial acepta ser
calificado públicamente como tal.
Así, El Nuevo País titula desplegado
en primera plana del 29 de agosto de 2011 “Hugo Chávez terminará como Saddam y
Kadafi”. Mientras este humanitario deseo se cumple, la prensa coquetea con el
golpe suave, aprovechando la enfermedad del presidente. Y así, El Nacional del
16 de abril de 2012 titula desplegado en la página 4 “Analistas consideran que
el TSJ” debe convocar una junta médica” y antetitula “La Constitución establece
la falta absoluta por incapacidad física”.
Siguiendo la campaña sobre el
supuesto autoritarismo, en la página 7 dominical de El Nacional del 30 de
septiembre, Simón Alberto Consalvi escribe que “El 7 de octubre será el día que
nos liberaremos de la anarquía como política de Estado y del Estado como
instrumento de dominio personal”. El diario Tal Cual el 4 de octubre de 2012
titula su editorial “La tragedia del Único” y sumariza:”Entre los déspotas de
nuestra historia quizás nadie como Chávez ha intentado ser el gestor absoluto
el poder”. Pasan las elecciones, el candidato opositor y las organizaciones que
lo apoyan reconocen los resultados, y todavía el 10 de octubre el mismo diario,
contumaz, en primera plana titula “El CNE pecó por omisión en elecciones presidenciales”,
y editorializa, también en primera plana: “El domingo ganó la autocracia, con
amplio apoyo popular”. Las leyes sancionadas por la mayoría democrática de la
Asamblea Nacional crean la figura de las comunas para ampliar la participación
democrática, y El Nuevo País del 22 de octubre titula desplegado en primera
página: “Comunas representan una arremetida totalitaria”. Extraña autocracia,
bajo la cual se publican tales opiniones.
Variante de esta arremetida es un
diluvio de titulares y artículos para calificar a Venezuela de “narcoestado”.
Como muestra de tal campaña, que por no poder recurrir a prueba alguna acude a
la profecía, El Nacional de 5 de abril de 2011 en la página 6 titula su
editorial “El narcoestado” y afirma “Lentamente se van cumpliendo todas las
etapas que conducen a que Venezuela se convierta en un narcoestado, si es que
ya no lo es”. El 4 de julio de 2011, El Nacional titula en primera página, a
cuatro columnas: “Makled: Gobierno resguarda laboratorios de cocaína”. La opinión
de un narco para ese entonces detenido en Bogotá es convertida en supuesto
hecho de primera plana. Esta campaña culmina con una diversidad de supuestas
noticias, que citamos más adelante, en las cuales se acusa sin asomo de pruebas
e indiscriminadamente como narcotraficantes a los integrantes del alto mando
militar.
Otra variante de la campaña de
descrédito, a la cual nos hemos referido en oportunidades anteriores, es la
afirmación sistemática de que no hay independencia de poderes. Así, Valentín
Arenas afirma en la página 4 de El Nuevo País del 15 de octubre “No existe
Asamblea ni TSJ, tampoco Fiscalía, Contraloría ni Defensoría. Todos esos
poderes reciben ´órdenes del Ejecutivo´ y sus titulares las cumplen”.
En resumen, el gobierno venezolano,
legitimado en repetidas e inobjetables elecciones como democrático, para parte
de los medios privados está presidido por alguien que será ejecutado o
linchado, aquejado de “incapacidad física”; es un “dominio personal”, una
“autocracia” o “narcoestado”, sin independencia de los poderes. Tales
afirmaciones se desacreditan por sí mismas. Ninguna autocracia permitiría que
fueran libremente divulgadas, sin consecuencia alguna para sus autores.
Ataques al Poder Electoral
La democracia depende de la
confiabilidad del árbitro electoral: la más segura forma de destruirla es
desacreditarlo. A ello se dedican sistemáticamente los medios de comunicación
privados venezolanos. No es tarea fácil, tratándose de un sistema al cual el ex
presidente Jimmy Carter, que lo ha visto operar como observador invitado,
califica como “el mejor del mundo” (www.elmundo.com.ve 29/10/2012).
Veamos como tratan los medios
venezolanos al mejor sistema electoral del mundo. Pasemos a la página 2 de El
Nacional del 7 de febrero de 2012. En ella se titula “Estrategia: el
oficialismo niega que planifique sabotear elecciones del 12-F” (Unas elecciones
internas de la oposición para seleccionar su candidato). Un subtítulo resaltado
denuncia: “Miedo político” y especula: “La amenaza del PSUV es vista como una
muestra de miedo”. En la misma página, a dos columnas: “Peligra la democracia:
Advierten que Chávez dará autogolpe”. Al lado, también a dos columnas: “Piden
garantías para los electores”. A la derecha de la misma página, en forma
incongruente: “Informe 2011: Reportan 94 agresiones a la libertad de prensa”.
Un “Grupo Andino de Libertad Informativa” reporta dicha cifra, sin explicar
cómo pueden ocurrir tales violaciones en un país donde circulan cotidianamente
semejantes titulares e informes, y mucho menos cómo se pueden publicar
agresiones a la libertad de expresión en un país donde supuestamente ésta no
existe.
De nuevo resumimos: el gobierno
planearía “sabotear elecciones”, estaría poseído de “Miedo político”, “dará un
autogolpe”, sería culpable de “agresiones a la libertad de prensa”. Son meras
especulaciones gravísimas e infundadas, la mayoría sobre hechos futuros e
inciertos. El que sean cotidianamente publicadas sin obstáculos ni
consecuencias es la prueba irrefutable de que en Venezuela existe la libertad
de expresión más plena.
¿Se trata de una situación casual?
Examinemos El Nacional un mes después, el 7 de marzo de 2012. En su página 2,
un titular a seis columnas: “El Gobierno fomenta la impunidad para generar
miedo”. Otro titular, a cuatro columnas: “Discurso del Ejecutivo aviva la
violencia”. Y a dos columnas: “Califican de atentado el suceso en Cotiza”, y
“Tavares denuncia amenazas por identificar a los oficialistas”. Tenemos así
presentadas como noticias opiniones según las cuales el gobierno “fomenta la
impunidad”, “aviva la violencia”, habría promovido un “atentado” y proferiría
“amenazas por identificar a oficialistas”. Ningún gobierno que atentara contra
la libertad de expresión dejaría publicar tal concentración de acusaciones sin
pruebas y sin consecuencias.
Gracias a tal libertad, La Razón del
30 de septiembre titula en primera plana “Árbitro parcializado” y sumariza
“Técnicos de la Mesa de Unidad democrática deben estar alerta y muy pendientes,
advierte ex directivo del CNE”.
No sólo se desacredita al árbitro: se
descalifican libremente las movilizaciones electorales. El Nacional del 3 de
octubre de 2012 titula en primera plana “Amenazan a empleados públicos que no
desean ir a la avenida Bolívar” y subtitula “Los funcionarios del Estado no
trabajarán mañana, pero deberán presentarse a sus centros de labores. Les
pasarán lista y les entregarán franelas de varios colores para dar imagen de
diversidad. Los jefes hacen hincapié en que Chávez les garantiza el trabajo”.
Ningún texto desarrolla y mucho menos comprueba la grave acusación anónima.
En el mismo sentido, el diario Tal
Cual en su página 4 titula “Concentración roja se nutrió de importados”, y
subtitula: “Hasta de otros países trajeron gente para la avenida Bolívar de Maracay,
los mismos que moverán a Caracas”. La redactora Daymar Ayala Altuve no explica
si para convertir en noticia tal opinión verificó los certificados de
residencia y los pasaportes de los manifestantes. Seguramente no fue así, pues
Chávez ganó en ese y en 22 estados de los 24 que integran Venezuela.
La críticas al árbitro electoral no
esperan a que los hechos ocurran para denunciarlos. El 6 de octubre, un día
antes de las elecciones, El Nuevo País de 2 de octubre incluye el artículo “No
se acepta trampa” de Danilo Arbilla, cuyo sumario afirma que “puede haber
trampa por todos lados, pero a Chávez se le hará difícil realizar el fraude si
todos están alerta”. El 6 de diciembre, un día antes de las elecciones, el
mismo diario titula en primera plana desplegado “Conteo lento”, y subtitula
“Tibisay Lucena, presidenta del CNE, explica por qué se tarda en dar
resultados, por qué se toleró el uso de recursos en la campaña y, por supuesto,
rechaza la posibilidad de fraude”.Cómo se puede tachar de lento un conteo día y
medio antes de que comience sólo lo explica la ilimitada libertad de expresión
y la igualmente ilimitada violación de la ética periodística. Al día siguiente,
los primeros resultados se hacen públicos puntualmente pocas horas después de
cerrado el proceso, cuando la tendencia es ya irreversible.
Pasan las elecciones, el candidato
opositor y las organizaciones que lo apoyan reconocen los resultados, ninguno
de los centenares de observadores e invitados internacionales reseña
irregularidad alguna. Esto no arredra a los medios privados. Más oposicionista
que la oposición, todavía el 10 de octubre el diario Tal Cual, contumaz, en
primera plana titula “El CNE pecó por omisión en elecciones presidenciales”, y
El Nuevo País el 12 de octubre en su página 2 titula desplegado “Reelegido pero
no legítimo”, y también: “Leopoldo López: El CNE dejó dudas como árbitro”. El
Nacional prosigue la campaña el 21 de octubre, cuando titula en primera plana
“El gobierno debe cargar la cruz de una victoria sospechosa”, y en la página 3,
a cinco columnas, “Esdata duda de la eficacia de la defensa del voto en las
presidenciales”. Tres días después, también en primera plana: “Testigos de
oposición estaban solos y sin apoyo en las mesas”, mientras que en la página 4
se profetiza “Elecciones municipales están en peligro”.
El mismo día, La Razón exhibe en
primera plana una apoteosis de titulares descalificadores desplegados a seis
columnas: “Fraude a la Constitución invalida la elección presidencial” y “GN
fue a buscar votantes a sus casas”, con subtítulos tales como “El 7 de octubre
se dio la acumulación de un conjunto de hechos fraudulentos”, “Se ha burlado al
ciudadano, no entiendo que la oposición no ha hecho nada” y “No es posible
ganar elecciones con este sistema”, mientras que en la última página titula,
también a seis columnas “El 7-0 hubo fraude en cámara lenta”. El mismo día
secunda esta campaña El Nuevo País, titulando en primera plana, desplegado, “El
misterio de las actas”. El mismo diario todavía el 26 de octubre titula
desplegado: “Es definitivo: Falló defensa del voto”. Ese día El Nacional vuelve
a la carga titulando en la página 3: “Piden anular resultados de las elecciones
del 7-0”.
Lo único que prueba esta inundación
de infundios presentados como noticias es que en Venezuela reina la más
absoluta libertad de expresión, incluso para desacreditar sin fundamentos al
mejor sistema electoral del mundo y al ejercicio de los derechos democráticos
que éste garantiza.
Ataques al Poder Ejecutivo
Para verificar el imperio de la más
absoluta libertad de expresión basta un somero examen de la forma en la cual
los medios atacan libremente uno por uno a todos los poderes del Estado. En su
edición del 7 de febrero de 2012, El Nacional muestra en primera página una
cerrada concentración de titulares tendientes a desacreditar a la
administración. Así, a tres columnas antetitula “Gobierno niega intención de
sabotaje” para luego titular “El PSUV prohíbe a sus militantes votar en
primarias” y subtitular “La amenaza es vista en la MUD como una muestra de
temor”. En forma directa o indirecta, tildan así al gobierno de saboteador que
amenaza y sufre “temor”. Abajo, el titular a dos columnas “Olvidados por el
padrino” se refiere “a las 387 familias damnificadas que viven desde hace 15
meses en los sótanos del edificio Líder, en La Florida”, las cuales piden “al
padrino del refugio, el alcalde Jorge Rodríguez, los reciba y les mejore las
condiciones que habitan”. Las autoridades, que han habilitado refugios para más
de trescientos mil damnificados por las lluvias del año 2011, algunos en
hoteles de lujo u oficinas públicas, son tratadas así como un “padrino”, capo
de mafia, que tendría a sus protegidos “olvidados”. Al lado, se titula una
gráfica en diapositivo “Con ingenio vencen la desidia”, para celebrar que un
ciudadano haya colocado en una calle de Petare “una instalación que alumbra las
zonas de más peligro y las mantiene resguardadas del hampa”. Se abre así un
verdadero menudeo de titulares que perseveran en una campaña perenne para
incrementar la percepción de la inseguridad del ciudadano ante el hampa. Por
ejemplo, en la misma página: “Inseguridad: Capturaron a 3 implicados en
secuestro de embajador”. “Tres detenidos: Un muerto en tiroteo por asalto a
joyería en el Sambil”. Y “Atienden hasta 50 partos diarios: Emergencia en
Hospital de Maracay por muerte de 11 recién nacidos”. Como colofón: “Piden
diálogo: Empresarios rechazan que se vuelva al PVP”. Empresarios que rechazan a
priori una medida de control de precios piden diálogo: vale decir, debe ceder
la otra parte. En medio, en un recuadro en verde que arroja dudas sobre si se
trata de un titular noticioso o de propaganda, se afirma: “Henrique Capriles
Radonski: Nadie necesita vestir de un color para ser atendido” y “Ruta a las
primarias: Faltan 5 días”. Resumamos: en tan sólo una primera plana, a grandes
titulares, se trata al gobierno electo, bien por denotación o por connotación,
de “saboteador”, “amenaza”, culpable de “miedo”, de “desidia”, de “padrino” que
tendría a los ciudadanos “olvidados”, sería incapaz de garantizar la seguridad
y la salud pública, se mostraría refractario al diálogo y, por implicación,
para atender al ciudadano requeriría que éste debiera “vestir de un color”.
Ningún gobierno que restringiera la libertad de expresión permitiría una
primera página como la reseñada.
Ataques al Poder Legislativo y
Judicial
¿Esta libertad o más bien libertinaje
de expresión, que muy pocos gobiernos democráticos tolerarían, la ejerce sólo
El Nacional? La primera plana de El Universal del 2 de febrero de 2012 es una
frontal agresión a cuatro columnas contra el Poder Legislativo: “Alertan que
mayoría de la AN aprobó una ´ley sapo´”. “Sapo” es venezolanismo infamante por
“delator”; la mayoría parlamentaria, por extensión, lo sería. La quinta columna
es una granizada de titulares contra los demás poderes: “Solicitan que se
garantice el suministro de energía el día 12 F”, lo cual sugiere que habría
peligro de que el Ejecutivo la cortara durante las primarias de la oposición.
“Sin registro Electoral venezolanos en Australia, Madrid y Ciudad de Panamá”
cuestiona al Poder Electoral. “Capriles: El que en 14 años no ha bajado la
delincuencia, no lo hará en 6 años” y “Pérez: el Código Orgánico Procesal Penal
no frenará el crimen ni el lenguaje violento del Presidente”. Así se cuestiona
equitativamente al Poder Ejecutivo y al Judicial, omitiendo que los estados
donde gobierna la oposición son justamente los que presentan mayor tasa
delictiva.
Ataques a las Fuerzas Armadas y al
sistema de defensa
Igual libertad para atacar a las
Fuerzas Armadas y al sistema nacional de Defensa impera en el resto de los
medios. La primera página del diario Últimas Noticias del 15 de marzo de 2012
proclama que “Hay 500 ´boliches´ armados”, que “Guerrilla criolla compró 600
granadas al Cartel de La Guajira” y que “Tienen escuela de combatientes, 11
casas-bases, imprenta y radio”. Los llamados ´boliches´ serían una supuesta
guerrilla bolivariana, sobre la cual en la página 16 se afirma sin pruebas que
“Boliches funcionan como la guerrilla colombiana ELN”, en prosecución del
intento de vincular en alguna forma supuestos grupos que operarían en Venezuela
con insurgentes foráneos. En todo el texto no se mencionan fuentes ni
evidencias: lo único que prueba es, una vez más, la ilimitada libertad de
expresión en Venezuela. En El Nacional de 7-2-2012, un titular de la página 2
prosigue la perpetua campaña para inculpar al gobierno electo venezolano como
aliado de organizaciones guerrilleras: “FARC: Uribe advirtió presencia de
Timochenko”. El cuerpo de esta noticia señala que “El ex presidente colombiano
Álvaro Uribe Vélez aseguró en noviembre de 2011 que el ahora jefe de las FARC,
Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko) y alias ´Iván Márquez´ estaban en
territorio venezolano”. La información es extemporánea por cuatro meses, pero
alegatos de tal género son útiles como coartada intemporal para invadir países,
como ocurrió con la agresión de Colombia contra Ecuador.
Así como los medios critican
encarnizadamente la supuesta debilidad de un sistema de Defensa que permitiría
la presencia de insurgentes, igualmente atacan los esfuerzos por fortalecerlo.
El diario capitalino El Mundo titula el 20 de marzo de 2012, desplegado en toda
la primera página “Venezuela le gana a sus vecinos en compra de armas”,
refiriendo a una adquisición excepcional de pertrechos en 2011. El cotidiano,
por supuesto, no balancea la noticia informando sobre el contexto. Venezuela
mantiene un ejército de poco más de ochenta mil efectivos, al cual según el
World Economic Outlook dedica en 2005 unos 1.477 millones de dólares, el 1,6%
de un PIB del cual destina casi 9% a la Educación. La vecina Colombia en 2007
mantiene 459.687 funcionarios destinados a labores de Defensa y Seguridad; y
gasta anualmente en la guerra 6,5 % de su PIB, unos 22.000 millones de dólares
anuales, según los investigadores Juan Camilo Restrepo y Pedro Medellín
(Semanario VOZ, edición 2427, cit. Por Álvaro Angarita: “Crece el gasto
militar. Guerra devora el presupuesto”; 27-2- 2008
Extensión de la anterior es otra
campaña de los medios privados venezolanos que intenta desacreditar al gobierno
democrático tildándolo de militarista o militarizado. Así, existe una ofensiva
persistente para inventar fraccionamientos o contradicciones en las
instituciones de la Defensa Nacional. En tal sentido, El Nacional de 10 de
abril de 2011 titula a cuatro columnas en su página 2 una entrevista a Raúl
Salazar, ex ministro de la Defensa: “Los militares tienen la brújula desviada”.
Dicho diario es pertinaz: el 10 de enero de 2012 publica a página completa
remitido de un Movimiento 2-D, dirigido por el director del periódico, que
titula: “La Politización de la Fuerza Armada viola la Constitución y adultera
el panorama electoral”. Y el 4 de abril de 2012 titula a cinco columnas su
página 2 “Milicia Bolivariana fractura la unidad de mando en la FAN”. En la
misma página, a tres columnas: “Gobierno busca convertir el país en un
cuartel”. Nunca en ningún cuartel ni país se han debatido tales temas con tanto
desenfado.
En el mismo sentido, el diario El
Nuevo País titula desplegado en primera plana el 2 de octubre de 2012
“Militares mosca con las Milicias”, y sumariza “Un documento revelado por el
ABC de España señala que el CEO de las FANB exigió a Hugo Chávez que las
Milicias estén bajo control militar el 7-0”. En el cuerpo de la noticia en la página
3, el “documento revelado” se convierte en “presunto documento”, sin
especificar la edición ni la página en la cual supuestamente aparecería en el
diario ABC, el cual tampoco es presunta fuente confiable sobre cuestiones
militares latinoamericanas.
Dentro de esta persistente campaña,
los medios divulgan sin la menor restricción falsedades adversas a las Fuerzas
Armadas y al ministro de la Defensa. Así, El Nacional del 4 de octubre de 2012
titula a cinco columnas en su página 2 “Rangel Silva amenaza la
institucionalidad del país”. Curiosamente, en una viñeta sobre el titular,
recoge declaraciones de los senadores estadounidenses Robert Menéndez y Marco
Rubio según las cuales “los venezolanos deben saber que las democracias del
hemisferio occidental están listas para contener cualquier intento de alterar
la paz”. Esta flagrante amenaza de invasión extranjera no parece inquietar a
comunicadores que con la mayor libertad se concentran en atacar a las
instituciones que defienden a su propio país.
Como el ultimátum de invasión por
“las democracias del hemisferio occidental” requiere de intentos de “alterar la
paz”, los medios se los suministran. El 3-10-2012 El Nuevo País titula
desplegado en primera plana “Rangel Silva está alzado”. El mismo día, Tal Cual
despliega en primera página el titular “El subversivo”, acompañado de retrato
del ministro de la Defensa Rangel Silva ¿Qué ocurriría en Estados Unidos si los
medios anunciaran una supuesta rebelión del Secretario de Defensa contra el
Presidente?
Si no se puede sublevar a los
militares, se los puede desacreditar. El Nuevo País de 4 de octubre titula en
primera página: “Narco generales están alborotados: a las puertas de las
elecciones, los militares acusados de narcotráfico llevan a cabo gestiones en
Washington para cubrirse las espaldas”. En la página 3 se aclara que “la
actitud de los jefes militares venezolanos acusados como narcotraficantes por
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se ha convertido en factor
inquietante para las elecciones del domingo”. Inquietante es que una supuesta
acusación del Departamento de Estado sea convertida en sentencia de primera
plana por una libertad de expresión carente de ética.
En fin, hay que colocar
mediáticamente a las Fuerzas Armadas Bolivarianas bajo la dependencia de países
extranjeros. El diario Tal Cual del 4 de octubre en página 3 titula “G-2 cubano
informa mal a Rangel Silva” y antetitula “Para Henry Ramos, Secretario General
de AD, el ministro de Defensa no sabe lo que ocurre dentro de la FAN”.
Afortunadamente, cualquier periódico puede informárselo en virtud de la
irrestricta libertad de expresión. El Nuevo País el 16 de octubre insiste
titulando a cuatro columnas su página 6 “El Sebin, discípulo avanzado del G-2”.
Una vez más, lo único que prueba la
forma en que se divulga este conjunto de acusaciones sin pruebas contra las
Fuerzas Armadas es la absoluta libertad de expresión que reina en Venezuela.
Ataques a las políticas económicas y
sociales
Las críticas al manejo de la economía
también circulan con la mayor libertad. Como el 7 de octubre, día de las
elecciones presidenciales, está prohibido el proselitismo político, El Nacional
ejerce el económico titulando en su página 12 a cinco columnas, “Economía
venezolana entre las más débiles de América Latina”. Como prueba, la redactora
Blanca Vera Azar cita informe de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, el cual “proyecta que Venezuela continuará en la senda del crecimiento,
pero la expansión perderá fuerza el próximo año”. En Venezuela la libertad de
expresión no sólo se salta las reglas legales, sino las de la ética. Una
antología de estos ataques contra la gestión económica y social de los poderes
públicos requeriría la extensión de una enciclopedia. Citamos, apenas como
muestra, algunos titulares: “Protestaron en Falcón, Zulia y Lara por la
inseguridad y servicios deficientes” (El Nacional, 20-1-2012, p.C-7). “En 44%
crecieron cuentas por cobrar de PDVSA” (El Universal, 22-3-2012, p.1-1).
“Misión Vivienda acapara el cemento” (Tal Cual, 8-10-2012, p.11). “74,7% de la
población cuestiona calidad de la infraestructura” (El Universal, 2-10-2012,
1-8). “Refinería de Amuay opera a 60% a 45 días de la explosión” (El Nacional,
10-10-2012, p.7). “Venezuela ausente en el mundo petrolero a futuro” (El Nuevo
País, 18-10-2012).
A pesar de sus posibles defectos,
tales políticas aseguran la victoria electoral, y la campaña opositora se
centra en ofrecer que continuará las políticas sociales del gobierno. Como en
los ejemplos anteriores, lo único que las pertinaces críticas prueban es que en
Venezuela existe la más plena e irrestricta libertad de expresión.
Informaciones dirigidas a difundir
pánico
Práctica usual de los medios
venezolanos privados es la de difundir contenidos tendientes a crear pánico en
la ciudadanía. Ya aludimos al graneo de titulares destinados a incrementar la
sensación de inseguridad. Esta campaña no se limita a reseñar actos del hampa.
A principios de febrero ocurre un derrame de petróleo en el río Guarapiche, en
el estado Monagas, del Oriente del país. Para proteger a los ciudadanos, las
autoridades cierran la planta de tratamiento de agua del Bajo Guarapiche y la
mantienen más de cuarenta días así (Últimas Noticias, 15-3-2012, p.2).
Es la oportunidad para que la
oposición convierta mediáticamente un accidente local en un pánico nacional. El
14 de marzo el gobernador opositor de Carabobo, Enrique Salas, declara a
Globovisión que las autoridades distribuyen por el sistema de acueductos “agua
podrida”, que someten a tratamiento agua “salubre” (sic) y pide declarar
emergencia sanitaria en el centro del país porque ésta causaría “el crecimiento
del autismo”. Este inaudito descubrimiento clínico, que bien podría reportar el
Premio Nobel para el funcionario, es la señal para otra persistente campaña
destinada a convencer a la ciudadanía de que el líquido vital causa la muerte,
sobre la cual citaremos apenas algunos ejemplos. Al día siguiente El Carabobeño
titula “Hiperkinesis y alzheimer por mala calidad del agua e Aragua y
Carabobo”. El 15 de marzo el cotidiano Tal Cual agrava la campaña con el tinte
racista en caricatura según la cual “Basta de supremacía blanca: ahora tenemos
aguas afrodescendientes”. El 15 de marzo Últimas Noticias titula a cuatro
columnas la página 2: “Alertan sobre contaminación de embalses que surten a
Caracas”, y el 19 de ese mes, en la misma página: “En tela de juicio calidad
del agua en Venezuela”. A la velocidad de las rotativas una campaña sobre un
suministro de agua local en Oriente, vincula en el Centro en forma fantasiosa
agua “salubre” y autismo y Alzheimer, y se potencia hasta abarcar la capital y
luego la totalidad del país.
Se comprenden los efectos que puede
tener la divulgación de falsas noticias. En 1938 Orson Welles desató un pánico
en Estados Unidos al difundir una versión radiofónica de La guerra de los
mundos, de H.G. Wells. La policía no lo dejó concluir el programa. A fines de
los años 60 los hippies desataron otro pánico amenazando verter LSD en el
acueducto de Nueva York. El Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en
funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas el 21 de marzo debió “INSTAR a los distintos medios de comunicación
nacionales y regionales, tanto impresos como noticieros digitales, radio y
televisión, actuar con extrema responsabilidad al momento de difundir cualquier
tipo de información relacionada con la presunta contaminación de los cuerpos de
agua cruda y potable, destinada al uso del consumo humano, que no haya sido
debidamente avalados por un “ORGANISMO TÉCNICO COMPETENTE PARA ELLO”. Y añade
que “esta exacción no puede entenderse como un mecanismo limitante de la
libertad de expresión e información, si no por el contrario, reafirmar tales
derechos al procurar que las informaciones tengan un aval científico que las
revista de absoluta veracidad, tal como lo prevee el contenido del artículo 58
del Texto Constitucional según el cual ‘toda persona tiene derecho a la
información oportuna y veraz e imparcial´, so pena de incurrir en tipos
penales, descritos por el legislador como hechos punibles que de alguna forma
conlleven a crear pánico y zozobra en la ciudadanía”.
Entiéndase bien: la decisión sólo
alerta contra la invención de noticias sobre el agua no avaladas por organismos
técnicos competentes, y exhorta a cumplir normas constitucionales y penales. A
este respecto, nuestro Código Penal dispone:
ART 296.A.—Todo individuo que por
medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial,
televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause
pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión
de dos a cinco años.
Si los hechos descritos en el aparte
anterior fueren cometidos por un funcionario público, valiéndose del anonimato
o usando para tal fin el nombre ajeno, la pena se incrementará en una tercera
parte.
Este artículo será aplicado sin
perjuicio a lo establecido en la legislación especial sobre los delitos
informáticos, telecomunicaciones, impresos y transmisión de mensajes de datos.
Una vez más resumimos: ningún
gobierno que coartara la libertad de expresión permitiría la divulgación de
noticias o más bien de opiniones como las citadas, encaminadas a causar pánico
en la comunidad. Los medios de comunicación en Venezuela gozan de la más amplia
libertad de expresión, y en la actualidad siguen la misma línea que desde
principios de siglo: critican abierta y la mayoría de las veces infundadamente
a todos los poderes del Estado, sin ser constreñidos ni sufrir consecuencias
por ello.
Los medios en Venezuela funcionan
como actores políticos
Para mejor valorar en su justa
perspectiva esta situación de plena libertad de expresión, es oportuno señalar
que por su parte los medios llevan adelante en forma persistente prácticas de
violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de sus
leyes y de la ética del gremio periodístico.
Para probar estas prácticas, que son
del dominio público, y cuya exposición rebasaría de los límites de esta
audiencia, recurrimos a testimonios emitidos por los propios medios, por sus
propietarios y sus comunicadores, recogidos en forma textual en nuestro libro
Dictadura mediática en Venezuela: Investigación de unos medios por encima de
toda sospecha (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la
Información, Caracas, 2008), que acompañamos como Anexo al presente alegato y
del cual consignamos un ejemplar a cada uno de los miembros de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos.
En el documento citado consta, en
afirmaciones de los propios periodistas y propietarios, que en Venezuela los
medios privados no actúan como comunicadores, sino como actores políticos,
promueven en forma consistente la antipolítica e intentan suplantar a los
partidos (pp.308-314). Que incitan de manera pertinaz a la discriminación
étnica y racial, la guerra civil, el magnicidio y la deposición violenta del gobierno
legítimo (pp. 309).
Los medios fueron cómplices y
ejecutores de un golpe de Estado
Consta asimismo en testimonios
citados textualmente en dicho libro que para el año 2002, a excepción de dos
diarios con cierto grado de equilibrio, los medios predicaron abiertamente el
derrocamiento del gobierno legítimo, mintieron que éste habría disparado contra
una manifestación, mintieron que el Presidente había renunciado, colaboraron
con su tecnología superior en el corte de comunicaciones que lo derrocó,
pactaron con la dictadura la entrega de los órganos de control de las
telecomunicaciones, llamaron a la delación contra los partidarios del gobierno
democrático, difundieron entusiásticamente sus detenciones y ocultaron con un
apagón comunicacional los movimientos populares que en definitiva
restablecieron el gobierno legítimo (Op. Cit. pp. 45 -103).
Ni el presidente electo ni sus
funcionarios aplicaron ninguna sanción: Desde el 2 de diciembre de 2002 hasta
marzo de 2003 los medios privados en Venezuela se encadenaron 24 horas diarias
en una saturativa cadena de llamamientos a derrocar el gobierno legítimo, de
apoyo a un cierre patronal de empresas, al sabotaje de la industria petrolera y
a la desobediencia tributaria. La falta de apoyo popular a esta agresión
comunicacional de una duración e intensidad nunca vistas en el mundo determinó
su fracaso, sin que de nuevo las autoridades ejecutaran sanción alguna (Op.cit.
pp 140-155).
Los medios venezolanos no se
consideran obligados a ser veraces ni imparciales
Para sustentar tales políticas los
medios han dejado de lado la veracidad, objetividad, imparcialidad y equilibrio
que debe caracterizarlos. Para justificarlo, el doctor Pedro Nikken sostiene en
la audiencia de 27 de marzo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en Washington que “nadie sabe lo que es la verdad”. Si ello fuera cierto, el
doctor Nikken no debería acudir ante una Corte Interamericana para que legitime
como verdad judicial una verdad que él mismo dice ignorar, y los medios
opositores venezolanos a los cuales representa deberían abstenerse de presentar
como verdades la granizada de mentiras que constantemente esgrimen contra el
gobierno democrático de Venezuela.
Lo cierto es que de acuerdo con el
artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “La
comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que
indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e
imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así
como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por
informaciones inexactas o agraviantes”. Por tanto, nadie puede en Venezuela
emitir información inoportuna, falsa y parcializada, ni pretender que como
desconoce la verdad, está libre de los deberes y responsabilidades que indique
la ley.
Para evidenciar que gran parte de los
medios en Venezuela no se consideran obligados a proporcionar información
veraz, imparcial y oportuna, citamos opiniones textuales de comunicadores de la
propia oposición y de observadores foráneos. El reportero Roberto Giusti
declara: “Me pregunto si a la hora de exigirnos objetividad lo que quieren en
el fondo es silencio cómplice, babosa obsecuencia, la entrega incondicional o la
renuncia” (Laura Weffer: “Roberto Giusti: es necesario ir más allá de la
objetividad”, El Nacional, 26-6-03, A-5). El opositor Manuel Isidro Molina
apunta que “los medios deben volver a ser espacios plurales y éticos, sin
manipulaciones, censura ni tergiversaciones politiqueras. Y deben salir del
dispositivo neoliberal que los viene animando”. (“La rectificación mediática
tiene que ser valiente, sincera y honesta”, La Razón, 3-11-02, A-5).
Patrick Butler, para 2003
vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas, sostiene que “no está
haciendo un periodismo independiente sino partidario, que no trata de informar
al público sino de convencer al público para cambiar un gobierno.” (Marianela
Palacios: “Universidades abogan por un periodismo ético”, El Nacional 26-6-03,
A-5). El británico Phillip Gunson, para 2003 presidente de la Asociación de
Periodistas Extranjeros, declara que: “El periodismo venezolano está tan
polarizado como cualquier otro aspecto de la vida nacional. Muchos periodistas,
editores y dueños de medios parecen pensar que esto es no sólo inevitable, sino
hasta deseable, que la llamada imparcialidad es una meta inalcanzable y hasta
absurda en medio de esta coyuntura, que a la imparcialidad hay que tirarla por
la borda porque así lo exigen las circunstancias” (Marianela Palacios:
“Periodismo en tiempos de crisis”, El Nacional, 27-6-03, A-8). Y según apunta
el analista del Consejo para Asuntos Hemisféricos Larry Byrns: “Los medios
venezolanos no reportan sucesos, ayudan a crearlos. Su punto de vista se
encuentra no sólo en la página editorial, sino en todas y cada una de las
columnas de sus periódicos, en escandalosa contradicción con todo sentido y
responsabilidad profesional” (Temas, Caracas, 16-1-03, p. 13).
Los propietarios de los medios vetan,
censuran y explotan a los comunicadores
Estas políticas, ordenadas por los
dueños de los medios, no necesariamente cuentan con la aprobación de los
comunicadores ni les garantizan un trabajo digno y estable. En remitido que el
diario El Nacional se negó a publicar, el sindicato de ese diario exige: “Basta
ya de manipular a los trabajadores de los medios de comunicación para
exponernos como responsables de las líneas informativas de los mismos, los
dueños de los medios deben aceptar que son un poder y que por consiguiente
tienen una responsabilidad social no sólo con sus trabajadores sino con toda la
sociedad venezolana (…)” (9-6-2002. www.antiescualidos.com.).
Sorprende por ello que organismos
gremiales como el Colegio Nacional de Periodistas o el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa, en lugar de democratizar su funcionamiento y
defender a sus agremiados contra los patronos, hagan causa común con éstos a la
hora de cursar falsas acusaciones contra Venezuela. El Colegio pasó diez años
sin elegir nuevas autoridades; ni él ni el SNTP movieron un dedo contra los
masivos despidos de cerca de medio millar de comunicadores que siguieron al
fracaso del paro patronal de 2002 y 2003, y que desde entonces no han cesado.
Tampoco ha adoptado una sola medida contra la crónica inestabilidad laboral y
la falta de seguridad social que aqueja a sus afiliados gracias a las prácticas
de tercerización, ni contra la permanente censura y el veto que se ejerce sobre
los profesionales que disienten de los propietarios. Sobre estas materias rige
el criterio que la “Defensora del lector” Alba Sánchez consigna en El Nacional
del 8-10-2002 legitimando el veto contra colaboradores expulsados del diario:
“No basta con ser buenos con la escritura o desarrollar ideas brillantes (lo
cual también importa), sino que sus textos tienen que gustarle además de a los
lectores, a los directivos del periódico, a sus comités editoriales, a sus
directores o a sus dueños (…). Obviamente los ‘ungidos’ dejan de serlo cuando
los antes mencionados lo deciden”.
Visto lo cual, todavía más sorprende
que la presidenta del CNP, en lugar de atender a precaria situación laboral de
sus agremiados, alegue ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
que los comunicadores venezolanos son inducidos a la “autocensura” mediante
“dispositivos de temor”. Si hay “autocensura” en medios que no se consideran
obligados a ser veraces, es impuesta por “los directivos del periódico, sus
comités editoriales, sus directores o sus dueños”, según confiesa Alba Sánchez.
Ni un solo comunicador venezolano ha dejado de sentir estos mecanismos
patronales, sobre los cuales CNP y SNTP guardan el más cómplice silencio, quizá
por no dejar de ser “ungidos” a su vez por los propietarios.
Los medios desprecian las leyes y la
vida humana
En estas páginas hemos señalado
numerosos ejemplos de violación de las leyes y de las normas éticas por parte
de los medios. El maltrato no se limita sólo a la verdad o a la reputación: se
extiende en oportunidades a la persona física. El Correo del Orinoco de 31 de
agosto de 2012 recoge informaciones del ministro del Interior y Justicia Tarek
el Aisami, según las cuales “El pasado 28 de agosto, en la Autopista Regional
del Centro (ARC), tres personas pertenecientes a una planta televisiva privada,
Globovisión, violaron el cerco perimetral de la UPS Paula Correa y luego de
ingresar, sin autorización, la comunidad de campesinos los aborda para
preguntarles que hacían ahí y uno de los trabajadores (de la planta televisiva)
abre fuego contra los campesinos. Se trata del ciudadano identificado como
Frank Robert Tolosa Torres, quien está siendo solicitado por lo cuerpos de
policías”. La víctima, Rafael Cañizales, queda gravemente herida de bala en el
cuello.
Se quejan los comunicadores de que en
oportunidades los ciudadanos se niegan a ser entrevistados o a suministrarles
información ¿Qué otra conducta cabe ante medios que sistemáticamente
tergiversan, adulteran o falsean las declaraciones que se les hacen, o que
recurren a la más extrema ilegalidad y violencia para obtenerlas? Rafael
Cañizales, postrado en su lecho del hospital, es un elocuente símbolo de la
situación del público ante el desprecio de las leyes y de la vida humana por
parte de los medios privados.
Los medios disponen de información
por parte de los poderes públicos
Representantes de esas organizaciones
gremiales que no trabajan por el bienestar de los comunicadores sino por
defender a los patronos alegan ante la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos que las autoridades no facilitan todas las informaciones que los medios
requieren ni los admiten irrestrictamente en los actos públicos.
Una vez más, sus propias afirmaciones
desmienten lo que alegan. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público,
presenta cifras sobre la cantidad de medios que existen en Venezuela: son las
mismas que constan en este informe, y que tienen su fuente en la página web del
Ministerio de Comunicación e Información. Mal puede decir que las autoridades
no informan quien basa su alegato en datos provenientes de ellas.
Por otra parte, se queja Correa de
que los organismos públicos usan con frecuencia el espacio radioeléctrico para
informar sobre su gestión. Resulta así que se acusa al gobierno de no
suministrar información; pero cuando se la suministra, también se lo acusa por
ello ante la CIDH. Los peticionarios tienen el deber de ser consistentes: no
pueden quejarse a la vez de que las autoridades informen o no informen. el 24
de julio de 2012 Al respecto, la coordinadora del Observatorio de los Medios de
Venezuela, Maryclen Stelling, declara para 6° Poder que “El presidente en
ejercicio tiene la obligación de dar cuenta en su gestión, y el Presidente lo
ha hecho comunicacionalmente. La posibilidad de rendir cuenta es algo que el
Consejo Nacional Electoral no puede prohibir”
Aduce también Correa que una gran
proporción de los medios favorece al gobierno bolivariano. Aparte de que en tal
caso estarían en absoluta libertad de hacerlo, y no le correspondería a Correa
prohibirles hacer uso de la libertad de expresión en tal sentido, debemos
señalar que tal afirmación es palmariamente falsa. Remitimos una vez más a
nuestro libro Dictadura Mediática en Venezuela, en el cual recogemos, con citas
textuales e indicación de medios, páginas y fechas, una antología de casi una
década de abrumadora parcialización de los medios privados en contra del
gobierno democrático.
Y con respecto a la experiencia
reciente, en la entrevista citada declara Maryclén Stelling que “en el país la
cobertura de la campaña electoral no ha sido justa, debido al desequilibrio
informativo generado por la cantidad de medios privados que han favorecido al
candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonski”. Añade Stelling que “Si
vamos al uso de los medios de comunicación social, observamos que no ha sido
justa debido a que hay muchos más medios en manos privadas que apoyan al
candidato de oposición. No solamente hay un desequilibrio en la propiedad de
los medios de comunicación social sino que los medios privados, que tienen un
60% de la audiencia, prestigian al candidato opositor”, enfatizó en entrevista
realizada.
Las Organizaciones No Gubernamentales
alegan que hay un estado de inseguridad en Venezuela. Todos y cada uno de sus
datos son proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas a través de
la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009,
Caracas, mayo 2010, publicada tanto en físico como en la página web de dicho
Instituto. Las ONGs omiten, por otra parte, señalar que dichas cifras
representan sólo la percepción de inseguridad de una muestra reducida de la
población, y no el número de homicidios reales. Pero mal puede alegar falta de
información por las autoridades quien utiliza la información oficial como base
de sus alegatos.
Finalmente, es oportuno señalar que
hay límites racionales, lógicos e instrumentales al acceso irrestricto a las
fuentes que algunos medios pretenden. Según las cifras (también oficiales,
bueno es recordarlo) citadas al comienzo de este alegado, operarían en la
Venezuela actual unos 1.281 medios, sin contar las emisoras AM ni los
alternativos y comunitarios. Suponiendo muy conservadoramente que en cada uno
trabajaran sólo veinte comunicadores, para cada acto oficial habría que
facilitar el acceso irrestricto a unas 25.620 personas y atender una por una
sus preguntas y solicitudes de información. No podrían tampoco los poderes
públicos ejercer sus competencias si se asumiera que su función prioritaria es
la de colectar información para los medios, y la de estar sometidos a perenne
interrogatorio por sus agentes.
Añadamos a ello que la propia
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece limites en su artículo
13, numeral 2 para la libertad de buscar, recibir y difundir información en “a)
el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 2) la protección de
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” Según
el numeral 5 de dicho artículo “5. Estará prohibida por la ley toda propaganda
en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los
de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. Los Estados soberanos
tienen el derecho y el deber de limitar las informaciones que excedan tales
límites.
Por otra parte, llama poderosamente
la atención que los representantes de los comunicadores (o más bien de los
patronos de los medios de comunicación) no soliciten el derecho a ser
informados de manera irrestricta por medios y empresas privadas sobre todas las
cuestiones que les soliciten. Tal información podría prevenir a la ciudadanía
contra los efectos de productos nocivos, de publicidad engañosa o de fraudes
financieros por parte de empresas o profesionales privados. La denuncia y
autodenuncia de los medios en tal sentido es casi inexistente, salvo cuando
emprenden campañas para extorsionar a los empresarios que no les contratan
publicidad. Una vez más se hace aquí evidente que en las denuncias sobre
libertad de expresión prepondera un doble rasero, y que son los medios quienes
deben cuestionar sus propias prácticas y conductas.
Los medios son la principal fuente de
las denuncias ante la CIDH
Como otra prueba de la libertad de
expresión integral de que se disfruta en Venezuela, señalamos el hecho de que
la mayoría de las denuncias interpuestas por Organizaciones no Gubernamentales
ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que ésta por lo
regular cursa sin mayor verificación como acusaciones ante la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos e incorpora en el Informe Periódico
Universal ante las Naciones Unidas, se fundan única y exclusivamente en notas
de prensa, que a menudo ni siquiera aportan precisiones sobre personas, lugar,
fecha ni hechos.
Esta conducta se hace patente en el
alegato de uno de los peticionarios, que a pesar de ser comunicador parece
ignorar los principios de la Pirámide Informativa, según los cuales la noticia
debe informar sobre ¨¿Quién, Dónde, Cuándo, Cómo, Por qué?”. Habla de amenazas,
limitaciones, agresiones, mas no menciona agredidos, limitados ni amenazados,
fechas, lugares ni circunstancias. No es un ejemplo de mal uso del poder, sino
de mala praxis del periodismo y de los Derechos Humanos.
En repetidas oportunidades hemos
criticado esta conducta, ya que viola los principios de la Convención
Interamericana de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 46 pauta que
“Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o
45 sea admitida por la Comisión, se requerirá (…) d. que en el caso del
artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el
domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la
entidad que somete la petición”.
Y en repetidas ocasiones también
hemos exigido a la Comisión que se ajuste a su jurisprudencia, que ella misma
cita en sus informes, según la cual los funcionarios públicos (de organismos
nacionales o internacionales) “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto
a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos
en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún
mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de
credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una
versión manipulada de los hechos”.
luisbritto@cantv.net
