La libertad de expresión en Venezuela

Por: Luis Britto Garcia- Mariclen Sterling 

En Venezuela los medios de comunicación crecen y se expresan sin cortapisas

Venezuela es uno de los países con mayor libertad de expresión en el mundo, tanto por la sostenida expansión de su sector de comunicaciones, como por la ausencia de restricción para los contenidos que éste difunde.

La más decisiva prueba de que el Estado venezolano no viola el derecho de buscar, recibir y difundir información, consta en las decisiones de la propia Corte Interamericana de los Derechos humanos emitidas el día 28 de enero de 2009 en los dos casos relativos a los medios planteados ante ella.

La primera sentencia, relativa al caso Radio Caracas Televisión (RCTV), declara que: “No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 335 a 394 de la presente Sentencia”.

La segunda sentencia, relativa al caso GLOBOVISIÓN, declara en forma terminante que: “No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 366 a 369 de la presente Sentencia”.

Más adelante aportamos testimonios, extraídos textualmente de los medios de comunicación venezolanos, que respaldan irrefutablemente ambas sentencias y demuestran que desde ese entonces hasta el presente reina en Venezuela la más irrestricta libertad de expresión.

Los medios privados venezolanos crecen sin restricciones

Los medios privados venezolanos están en un proceso de sostenida expansión que desmiente la idea de que el Estado les imponga frenos o cortapisas. Citemos cifras contundentes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Para 2012 circulan 334 publicaciones periódicas; de ellas un centenar son cotidianos. La mayoría son abiertamente opositoras al Gobierno. Sólo dos guardan un relativo equilibrio en la información, según mediciones del comunicólogo opositor Marcelino Bisbal: Últimas Noticias (Caracas) y Panorama (Maracaibo). Apenas tres (03) diarios, aparecidos en los últimos años, no son opositores: Diario Vea, Correo del Orinoco, y Ciudad Caracas.

Para 1998 funcionaban 331 emisoras de FM comerciales privadas y apenas 11 de servicio público. Para 2012 estas cifras casi se duplican: hay 499 emisoras FM comerciales, 83 de servicio público y 247 comunitarias. En 1998 emitían en señal abierta 36 televisoras comerciales y 8 de servicio público; para 2012 las cifras casi llegan al doble, pues funcionan 67 comerciales, 13 de servicio público y 38 comunitarias. Advirtamos que las emisoras comunitarias tienen alcance limitado a una parroquia o un distrito, y que su existencia a veces es efímera.

Este sostenido crecimiento de los medios de comunicación privados y su decisiva preponderancia tanto en número como en capacidad de emisión sobre los de servicio público, desmiente categóricamente el alegato según el cual el Estado venezolano ejercería una hegemonía comunicacional o aplicaría políticas que limitarían a los medios privados.

Los medios venezolanos están en pocas manos

Pero el crecimiento cuantitativo de los medios no significa una democratización en su propiedad ni en la selección del contenido. En los medios privados más importantes en Venezuela opera una extrema concentración de la propiedad, tanto vertical como horizontal, en manos de una decena de familias. Estos grupos para 1986 controlaban cerca de 94% de la cobertura nacional de radio y televisión, y en oportunidades dominaban diarios impresos. Los dueños de televisoras asimismo poseen las radioemisoras más importantes, y paralelamente manejan empresas disqueras, agencias de asesoría de imagen, de publicidad y de relaciones públicas. Hasta 2006, sólo dos televisoras, Radio Caracas Televisión y Venevisión, controlaban el 75% de la factura publicitaria televisiva, se cartelizaban para ofrecer rebajas a los anunciantes que se abstuvieran de anunciar en otras plantas, y cobraban sus servicios con una sola firma, Sercotel.

Ataques al gobierno democrático

A confesión de parte, relevo de pruebas. En cuanto a la afirmación de que este complejo y creciente sistema de medios difunde informaciones y sobre todo opiniones con la más absoluta libertad, no hay mejor prueba que una antología del contenido reciente de algunas de las más importantes y difundidas publicaciones del país. Radios y televisoras replican y amplifican los mismos contenidos. Salvo que se indique lo contrario, todas las publicaciones corresponden al año 2012.

La mejor estrategia para destruir un gobierno democrático, legitimado por sucesivas elecciones inobjetables, es tildarlo de autoritario, despótico o dictatorial. Desde 1998 los medios privados de Venezuela mantienen una sistemática campaña en tal sentido, que se desmiente a sí misma puesto que ningún gobierno dictatorial acepta ser calificado públicamente como tal.

Así, El Nuevo País titula desplegado en primera plana del 29 de agosto de 2011 “Hugo Chávez terminará como Saddam y Kadafi”. Mientras este humanitario deseo se cumple, la prensa coquetea con el golpe suave, aprovechando la enfermedad del presidente. Y así, El Nacional del 16 de abril de 2012 titula desplegado en la página 4 “Analistas consideran que el TSJ” debe convocar una junta médica” y antetitula “La Constitución establece la falta absoluta por incapacidad física”.

Siguiendo la campaña sobre el supuesto autoritarismo, en la página 7 dominical de El Nacional del 30 de septiembre, Simón Alberto Consalvi escribe que “El 7 de octubre será el día que nos liberaremos de la anarquía como política de Estado y del Estado como instrumento de dominio personal”. El diario Tal Cual el 4 de octubre de 2012 titula su editorial “La tragedia del Único” y sumariza:”Entre los déspotas de nuestra historia quizás nadie como Chávez ha intentado ser el gestor absoluto el poder”. Pasan las elecciones, el candidato opositor y las organizaciones que lo apoyan reconocen los resultados, y todavía el 10 de octubre el mismo diario, contumaz, en primera plana titula “El CNE pecó por omisión en elecciones presidenciales”, y editorializa, también en primera plana: “El domingo ganó la autocracia, con amplio apoyo popular”. Las leyes sancionadas por la mayoría democrática de la Asamblea Nacional crean la figura de las comunas para ampliar la participación democrática, y El Nuevo País del 22 de octubre titula desplegado en primera página: “Comunas representan una arremetida totalitaria”. Extraña autocracia, bajo la cual se publican tales opiniones.

Variante de esta arremetida es un diluvio de titulares y artículos para calificar a Venezuela de “narcoestado”. Como muestra de tal campaña, que por no poder recurrir a prueba alguna acude a la profecía, El Nacional de 5 de abril de 2011 en la página 6 titula su editorial “El narcoestado” y afirma “Lentamente se van cumpliendo todas las etapas que conducen a que Venezuela se convierta en un narcoestado, si es que ya no lo es”. El 4 de julio de 2011, El Nacional titula en primera página, a cuatro columnas: “Makled: Gobierno resguarda laboratorios de cocaína”. La opinión de un narco para ese entonces detenido en Bogotá es convertida en supuesto hecho de primera plana. Esta campaña culmina con una diversidad de supuestas noticias, que citamos más adelante, en las cuales se acusa sin asomo de pruebas e indiscriminadamente como narcotraficantes a los integrantes del alto mando militar.

Otra variante de la campaña de descrédito, a la cual nos hemos referido en oportunidades anteriores, es la afirmación sistemática de que no hay independencia de poderes. Así, Valentín Arenas afirma en la página 4 de El Nuevo País del 15 de octubre “No existe Asamblea ni TSJ, tampoco Fiscalía, Contraloría ni Defensoría. Todos esos poderes reciben ´órdenes del Ejecutivo´ y sus titulares las cumplen”.

En resumen, el gobierno venezolano, legitimado en repetidas e inobjetables elecciones como democrático, para parte de los medios privados está presidido por alguien que será ejecutado o linchado, aquejado de “incapacidad física”; es un “dominio personal”, una “autocracia” o “narcoestado”, sin independencia de los poderes. Tales afirmaciones se desacreditan por sí mismas. Ninguna autocracia permitiría que fueran libremente divulgadas, sin consecuencia alguna para sus autores.

Ataques al Poder Electoral

La democracia depende de la confiabilidad del árbitro electoral: la más segura forma de destruirla es desacreditarlo. A ello se dedican sistemáticamente los medios de comunicación privados venezolanos. No es tarea fácil, tratándose de un sistema al cual el ex presidente Jimmy Carter, que lo ha visto operar como observador invitado, califica como “el mejor del mundo” (www.elmundo.com.ve 29/10/2012).

Veamos como tratan los medios venezolanos al mejor sistema electoral del mundo. Pasemos a la página 2 de El Nacional del 7 de febrero de 2012. En ella se titula “Estrategia: el oficialismo niega que planifique sabotear elecciones del 12-F” (Unas elecciones internas de la oposición para seleccionar su candidato). Un subtítulo resaltado denuncia: “Miedo político” y especula: “La amenaza del PSUV es vista como una muestra de miedo”. En la misma página, a dos columnas: “Peligra la democracia: Advierten que Chávez dará autogolpe”. Al lado, también a dos columnas: “Piden garantías para los electores”. A la derecha de la misma página, en forma incongruente: “Informe 2011: Reportan 94 agresiones a la libertad de prensa”. Un “Grupo Andino de Libertad Informativa” reporta dicha cifra, sin explicar cómo pueden ocurrir tales violaciones en un país donde circulan cotidianamente semejantes titulares e informes, y mucho menos cómo se pueden publicar agresiones a la libertad de expresión en un país donde supuestamente ésta no existe.

De nuevo resumimos: el gobierno planearía “sabotear elecciones”, estaría poseído de “Miedo político”, “dará un autogolpe”, sería culpable de “agresiones a la libertad de prensa”. Son meras especulaciones gravísimas e infundadas, la mayoría sobre hechos futuros e inciertos. El que sean cotidianamente publicadas sin obstáculos ni consecuencias es la prueba irrefutable de que en Venezuela existe la libertad de expresión más plena.

¿Se trata de una situación casual? Examinemos El Nacional un mes después, el 7 de marzo de 2012. En su página 2, un titular a seis columnas: “El Gobierno fomenta la impunidad para generar miedo”. Otro titular, a cuatro columnas: “Discurso del Ejecutivo aviva la violencia”. Y a dos columnas: “Califican de atentado el suceso en Cotiza”, y “Tavares denuncia amenazas por identificar a los oficialistas”. Tenemos así presentadas como noticias opiniones según las cuales el gobierno “fomenta la impunidad”, “aviva la violencia”, habría promovido un “atentado” y proferiría “amenazas por identificar a oficialistas”. Ningún gobierno que atentara contra la libertad de expresión dejaría publicar tal concentración de acusaciones sin pruebas y sin consecuencias.

Gracias a tal libertad, La Razón del 30 de septiembre titula en primera plana “Árbitro parcializado” y sumariza “Técnicos de la Mesa de Unidad democrática deben estar alerta y muy pendientes, advierte ex directivo del CNE”.

No sólo se desacredita al árbitro: se descalifican libremente las movilizaciones electorales. El Nacional del 3 de octubre de 2012 titula en primera plana “Amenazan a empleados públicos que no desean ir a la avenida Bolívar” y subtitula “Los funcionarios del Estado no trabajarán mañana, pero deberán presentarse a sus centros de labores. Les pasarán lista y les entregarán franelas de varios colores para dar imagen de diversidad. Los jefes hacen hincapié en que Chávez les garantiza el trabajo”. Ningún texto desarrolla y mucho menos comprueba la grave acusación anónima.

En el mismo sentido, el diario Tal Cual en su página 4 titula “Concentración roja se nutrió de importados”, y subtitula: “Hasta de otros países trajeron gente para la avenida Bolívar de Maracay, los mismos que moverán a Caracas”. La redactora Daymar Ayala Altuve no explica si para convertir en noticia tal opinión verificó los certificados de residencia y los pasaportes de los manifestantes. Seguramente no fue así, pues Chávez ganó en ese y en 22 estados de los 24 que integran Venezuela.

La críticas al árbitro electoral no esperan a que los hechos ocurran para denunciarlos. El 6 de octubre, un día antes de las elecciones, El Nuevo País de 2 de octubre incluye el artículo “No se acepta trampa” de Danilo Arbilla, cuyo sumario afirma que “puede haber trampa por todos lados, pero a Chávez se le hará difícil realizar el fraude si todos están alerta”. El 6 de diciembre, un día antes de las elecciones, el mismo diario titula en primera plana desplegado “Conteo lento”, y subtitula “Tibisay Lucena, presidenta del CNE, explica por qué se tarda en dar resultados, por qué se toleró el uso de recursos en la campaña y, por supuesto, rechaza la posibilidad de fraude”.Cómo se puede tachar de lento un conteo día y medio antes de que comience sólo lo explica la ilimitada libertad de expresión y la igualmente ilimitada violación de la ética periodística. Al día siguiente, los primeros resultados se hacen públicos puntualmente pocas horas después de cerrado el proceso, cuando la tendencia es ya irreversible.

Pasan las elecciones, el candidato opositor y las organizaciones que lo apoyan reconocen los resultados, ninguno de los centenares de observadores e invitados internacionales reseña irregularidad alguna. Esto no arredra a los medios privados. Más oposicionista que la oposición, todavía el 10 de octubre el diario Tal Cual, contumaz, en primera plana titula “El CNE pecó por omisión en elecciones presidenciales”, y El Nuevo País el 12 de octubre en su página 2 titula desplegado “Reelegido pero no legítimo”, y también: “Leopoldo López: El CNE dejó dudas como árbitro”. El Nacional prosigue la campaña el 21 de octubre, cuando titula en primera plana “El gobierno debe cargar la cruz de una victoria sospechosa”, y en la página 3, a cinco columnas, “Esdata duda de la eficacia de la defensa del voto en las presidenciales”. Tres días después, también en primera plana: “Testigos de oposición estaban solos y sin apoyo en las mesas”, mientras que en la página 4 se profetiza “Elecciones municipales están en peligro”.

El mismo día, La Razón exhibe en primera plana una apoteosis de titulares descalificadores desplegados a seis columnas: “Fraude a la Constitución invalida la elección presidencial” y “GN fue a buscar votantes a sus casas”, con subtítulos tales como “El 7 de octubre se dio la acumulación de un conjunto de hechos fraudulentos”, “Se ha burlado al ciudadano, no entiendo que la oposición no ha hecho nada” y “No es posible ganar elecciones con este sistema”, mientras que en la última página titula, también a seis columnas “El 7-0 hubo fraude en cámara lenta”. El mismo día secunda esta campaña El Nuevo País, titulando en primera plana, desplegado, “El misterio de las actas”. El mismo diario todavía el 26 de octubre titula desplegado: “Es definitivo: Falló defensa del voto”. Ese día El Nacional vuelve a la carga titulando en la página 3: “Piden anular resultados de las elecciones del 7-0”.

Lo único que prueba esta inundación de infundios presentados como noticias es que en Venezuela reina la más absoluta libertad de expresión, incluso para desacreditar sin fundamentos al mejor sistema electoral del mundo y al ejercicio de los derechos democráticos que éste garantiza.

Ataques al Poder Ejecutivo

Para verificar el imperio de la más absoluta libertad de expresión basta un somero examen de la forma en la cual los medios atacan libremente uno por uno a todos los poderes del Estado. En su edición del 7 de febrero de 2012, El Nacional muestra en primera página una cerrada concentración de titulares tendientes a desacreditar a la administración. Así, a tres columnas antetitula “Gobierno niega intención de sabotaje” para luego titular “El PSUV prohíbe a sus militantes votar en primarias” y subtitular “La amenaza es vista en la MUD como una muestra de temor”. En forma directa o indirecta, tildan así al gobierno de saboteador que amenaza y sufre “temor”. Abajo, el titular a dos columnas “Olvidados por el padrino” se refiere “a las 387 familias damnificadas que viven desde hace 15 meses en los sótanos del edificio Líder, en La Florida”, las cuales piden “al padrino del refugio, el alcalde Jorge Rodríguez, los reciba y les mejore las condiciones que habitan”. Las autoridades, que han habilitado refugios para más de trescientos mil damnificados por las lluvias del año 2011, algunos en hoteles de lujo u oficinas públicas, son tratadas así como un “padrino”, capo de mafia, que tendría a sus protegidos “olvidados”. Al lado, se titula una gráfica en diapositivo “Con ingenio vencen la desidia”, para celebrar que un ciudadano haya colocado en una calle de Petare “una instalación que alumbra las zonas de más peligro y las mantiene resguardadas del hampa”. Se abre así un verdadero menudeo de titulares que perseveran en una campaña perenne para incrementar la percepción de la inseguridad del ciudadano ante el hampa. Por ejemplo, en la misma página: “Inseguridad: Capturaron a 3 implicados en secuestro de embajador”. “Tres detenidos: Un muerto en tiroteo por asalto a joyería en el Sambil”. Y “Atienden hasta 50 partos diarios: Emergencia en Hospital de Maracay por muerte de 11 recién nacidos”. Como colofón: “Piden diálogo: Empresarios rechazan que se vuelva al PVP”. Empresarios que rechazan a priori una medida de control de precios piden diálogo: vale decir, debe ceder la otra parte. En medio, en un recuadro en verde que arroja dudas sobre si se trata de un titular noticioso o de propaganda, se afirma: “Henrique Capriles Radonski: Nadie necesita vestir de un color para ser atendido” y “Ruta a las primarias: Faltan 5 días”. Resumamos: en tan sólo una primera plana, a grandes titulares, se trata al gobierno electo, bien por denotación o por connotación, de “saboteador”, “amenaza”, culpable de “miedo”, de “desidia”, de “padrino” que tendría a los ciudadanos “olvidados”, sería incapaz de garantizar la seguridad y la salud pública, se mostraría refractario al diálogo y, por implicación, para atender al ciudadano requeriría que éste debiera “vestir de un color”. Ningún gobierno que restringiera la libertad de expresión permitiría una primera página como la reseñada.

Ataques al Poder Legislativo y Judicial

¿Esta libertad o más bien libertinaje de expresión, que muy pocos gobiernos democráticos tolerarían, la ejerce sólo El Nacional? La primera plana de El Universal del 2 de febrero de 2012 es una frontal agresión a cuatro columnas contra el Poder Legislativo: “Alertan que mayoría de la AN aprobó una ´ley sapo´”. “Sapo” es venezolanismo infamante por “delator”; la mayoría parlamentaria, por extensión, lo sería. La quinta columna es una granizada de titulares contra los demás poderes: “Solicitan que se garantice el suministro de energía el día 12 F”, lo cual sugiere que habría peligro de que el Ejecutivo la cortara durante las primarias de la oposición. “Sin registro Electoral venezolanos en Australia, Madrid y Ciudad de Panamá” cuestiona al Poder Electoral. “Capriles: El que en 14 años no ha bajado la delincuencia, no lo hará en 6 años” y “Pérez: el Código Orgánico Procesal Penal no frenará el crimen ni el lenguaje violento del Presidente”. Así se cuestiona equitativamente al Poder Ejecutivo y al Judicial, omitiendo que los estados donde gobierna la oposición son justamente los que presentan mayor tasa delictiva.

Ataques a las Fuerzas Armadas y al sistema de defensa

Igual libertad para atacar a las Fuerzas Armadas y al sistema nacional de Defensa impera en el resto de los medios. La primera página del diario Últimas Noticias del 15 de marzo de 2012 proclama que “Hay 500 ´boliches´ armados”, que “Guerrilla criolla compró 600 granadas al Cartel de La Guajira” y que “Tienen escuela de combatientes, 11 casas-bases, imprenta y radio”. Los llamados ´boliches´ serían una supuesta guerrilla bolivariana, sobre la cual en la página 16 se afirma sin pruebas que “Boliches funcionan como la guerrilla colombiana ELN”, en prosecución del intento de vincular en alguna forma supuestos grupos que operarían en Venezuela con insurgentes foráneos. En todo el texto no se mencionan fuentes ni evidencias: lo único que prueba es, una vez más, la ilimitada libertad de expresión en Venezuela. En El Nacional de 7-2-2012, un titular de la página 2 prosigue la perpetua campaña para inculpar al gobierno electo venezolano como aliado de organizaciones guerrilleras: “FARC: Uribe advirtió presencia de Timochenko”. El cuerpo de esta noticia señala que “El ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez aseguró en noviembre de 2011 que el ahora jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko) y alias ´Iván Márquez´ estaban en territorio venezolano”. La información es extemporánea por cuatro meses, pero alegatos de tal género son útiles como coartada intemporal para invadir países, como ocurrió con la agresión de Colombia contra Ecuador.

Así como los medios critican encarnizadamente la supuesta debilidad de un sistema de Defensa que permitiría la presencia de insurgentes, igualmente atacan los esfuerzos por fortalecerlo. El diario capitalino El Mundo titula el 20 de marzo de 2012, desplegado en toda la primera página “Venezuela le gana a sus vecinos en compra de armas”, refiriendo a una adquisición excepcional de pertrechos en 2011. El cotidiano, por supuesto, no balancea la noticia informando sobre el contexto. Venezuela mantiene un ejército de poco más de ochenta mil efectivos, al cual según el World Economic Outlook dedica en 2005 unos 1.477 millones de dólares, el 1,6% de un PIB del cual destina casi 9% a la Educación. La vecina Colombia en 2007 mantiene 459.687 funcionarios destinados a labores de Defensa y Seguridad; y gasta anualmente en la guerra 6,5 % de su PIB, unos 22.000 millones de dólares anuales, según los investigadores Juan Camilo Restrepo y Pedro Medellín (Semanario VOZ, edición 2427, cit. Por Álvaro Angarita: “Crece el gasto militar. Guerra devora el presupuesto”; 27-2- 2008

Extensión de la anterior es otra campaña de los medios privados venezolanos que intenta desacreditar al gobierno democrático tildándolo de militarista o militarizado. Así, existe una ofensiva persistente para inventar fraccionamientos o contradicciones en las instituciones de la Defensa Nacional. En tal sentido, El Nacional de 10 de abril de 2011 titula a cuatro columnas en su página 2 una entrevista a Raúl Salazar, ex ministro de la Defensa: “Los militares tienen la brújula desviada”. Dicho diario es pertinaz: el 10 de enero de 2012 publica a página completa remitido de un Movimiento 2-D, dirigido por el director del periódico, que titula: “La Politización de la Fuerza Armada viola la Constitución y adultera el panorama electoral”. Y el 4 de abril de 2012 titula a cinco columnas su página 2 “Milicia Bolivariana fractura la unidad de mando en la FAN”. En la misma página, a tres columnas: “Gobierno busca convertir el país en un cuartel”. Nunca en ningún cuartel ni país se han debatido tales temas con tanto desenfado.

En el mismo sentido, el diario El Nuevo País titula desplegado en primera plana el 2 de octubre de 2012 “Militares mosca con las Milicias”, y sumariza “Un documento revelado por el ABC de España señala que el CEO de las FANB exigió a Hugo Chávez que las Milicias estén bajo control militar el 7-0”. En el cuerpo de la noticia en la página 3, el “documento revelado” se convierte en “presunto documento”, sin especificar la edición ni la página en la cual supuestamente aparecería en el diario ABC, el cual tampoco es presunta fuente confiable sobre cuestiones militares latinoamericanas.

Dentro de esta persistente campaña, los medios divulgan sin la menor restricción falsedades adversas a las Fuerzas Armadas y al ministro de la Defensa. Así, El Nacional del 4 de octubre de 2012 titula a cinco columnas en su página 2 “Rangel Silva amenaza la institucionalidad del país”. Curiosamente, en una viñeta sobre el titular, recoge declaraciones de los senadores estadounidenses Robert Menéndez y Marco Rubio según las cuales “los venezolanos deben saber que las democracias del hemisferio occidental están listas para contener cualquier intento de alterar la paz”. Esta flagrante amenaza de invasión extranjera no parece inquietar a comunicadores que con la mayor libertad se concentran en atacar a las instituciones que defienden a su propio país.

Como el ultimátum de invasión por “las democracias del hemisferio occidental” requiere de intentos de “alterar la paz”, los medios se los suministran. El 3-10-2012 El Nuevo País titula desplegado en primera plana “Rangel Silva está alzado”. El mismo día, Tal Cual despliega en primera página el titular “El subversivo”, acompañado de retrato del ministro de la Defensa Rangel Silva ¿Qué ocurriría en Estados Unidos si los medios anunciaran una supuesta rebelión del Secretario de Defensa contra el Presidente?

Si no se puede sublevar a los militares, se los puede desacreditar. El Nuevo País de 4 de octubre titula en primera página: “Narco generales están alborotados: a las puertas de las elecciones, los militares acusados de narcotráfico llevan a cabo gestiones en Washington para cubrirse las espaldas”. En la página 3 se aclara que “la actitud de los jefes militares venezolanos acusados como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se ha convertido en factor inquietante para las elecciones del domingo”. Inquietante es que una supuesta acusación del Departamento de Estado sea convertida en sentencia de primera plana por una libertad de expresión carente de ética.

En fin, hay que colocar mediáticamente a las Fuerzas Armadas Bolivarianas bajo la dependencia de países extranjeros. El diario Tal Cual del 4 de octubre en página 3 titula “G-2 cubano informa mal a Rangel Silva” y antetitula “Para Henry Ramos, Secretario General de AD, el ministro de Defensa no sabe lo que ocurre dentro de la FAN”. Afortunadamente, cualquier periódico puede informárselo en virtud de la irrestricta libertad de expresión. El Nuevo País el 16 de octubre insiste titulando a cuatro columnas su página 6 “El Sebin, discípulo avanzado del G-2”.

Una vez más, lo único que prueba la forma en que se divulga este conjunto de acusaciones sin pruebas contra las Fuerzas Armadas es la absoluta libertad de expresión que reina en Venezuela.

Ataques a las políticas económicas y sociales

Las críticas al manejo de la economía también circulan con la mayor libertad. Como el 7 de octubre, día de las elecciones presidenciales, está prohibido el proselitismo político, El Nacional ejerce el económico titulando en su página 12 a cinco columnas, “Economía venezolana entre las más débiles de América Latina”. Como prueba, la redactora Blanca Vera Azar cita informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el cual “proyecta que Venezuela continuará en la senda del crecimiento, pero la expansión perderá fuerza el próximo año”. En Venezuela la libertad de expresión no sólo se salta las reglas legales, sino las de la ética. Una antología de estos ataques contra la gestión económica y social de los poderes públicos requeriría la extensión de una enciclopedia. Citamos, apenas como muestra, algunos titulares: “Protestaron en Falcón, Zulia y Lara por la inseguridad y servicios deficientes” (El Nacional, 20-1-2012, p.C-7). “En 44% crecieron cuentas por cobrar de PDVSA” (El Universal, 22-3-2012, p.1-1). “Misión Vivienda acapara el cemento” (Tal Cual, 8-10-2012, p.11). “74,7% de la población cuestiona calidad de la infraestructura” (El Universal, 2-10-2012, 1-8). “Refinería de Amuay opera a 60% a 45 días de la explosión” (El Nacional, 10-10-2012, p.7). “Venezuela ausente en el mundo petrolero a futuro” (El Nuevo País, 18-10-2012).

A pesar de sus posibles defectos, tales políticas aseguran la victoria electoral, y la campaña opositora se centra en ofrecer que continuará las políticas sociales del gobierno. Como en los ejemplos anteriores, lo único que las pertinaces críticas prueban es que en Venezuela existe la más plena e irrestricta libertad de expresión.

Informaciones dirigidas a difundir pánico

Práctica usual de los medios venezolanos privados es la de difundir contenidos tendientes a crear pánico en la ciudadanía. Ya aludimos al graneo de titulares destinados a incrementar la sensación de inseguridad. Esta campaña no se limita a reseñar actos del hampa. A principios de febrero ocurre un derrame de petróleo en el río Guarapiche, en el estado Monagas, del Oriente del país. Para proteger a los ciudadanos, las autoridades cierran la planta de tratamiento de agua del Bajo Guarapiche y la mantienen más de cuarenta días así (Últimas Noticias, 15-3-2012, p.2).

Es la oportunidad para que la oposición convierta mediáticamente un accidente local en un pánico nacional. El 14 de marzo el gobernador opositor de Carabobo, Enrique Salas, declara a Globovisión que las autoridades distribuyen por el sistema de acueductos “agua podrida”, que someten a tratamiento agua “salubre” (sic) y pide declarar emergencia sanitaria en el centro del país porque ésta causaría “el crecimiento del autismo”. Este inaudito descubrimiento clínico, que bien podría reportar el Premio Nobel para el funcionario, es la señal para otra persistente campaña destinada a convencer a la ciudadanía de que el líquido vital causa la muerte, sobre la cual citaremos apenas algunos ejemplos. Al día siguiente El Carabobeño titula “Hiperkinesis y alzheimer por mala calidad del agua e Aragua y Carabobo”. El 15 de marzo el cotidiano Tal Cual agrava la campaña con el tinte racista en caricatura según la cual “Basta de supremacía blanca: ahora tenemos aguas afrodescendientes”. El 15 de marzo Últimas Noticias titula a cuatro columnas la página 2: “Alertan sobre contaminación de embalses que surten a Caracas”, y el 19 de ese mes, en la misma página: “En tela de juicio calidad del agua en Venezuela”. A la velocidad de las rotativas una campaña sobre un suministro de agua local en Oriente, vincula en el Centro en forma fantasiosa agua “salubre” y autismo y Alzheimer, y se potencia hasta abarcar la capital y luego la totalidad del país.

Se comprenden los efectos que puede tener la divulgación de falsas noticias. En 1938 Orson Welles desató un pánico en Estados Unidos al difundir una versión radiofónica de La guerra de los mundos, de H.G. Wells. La policía no lo dejó concluir el programa. A fines de los años 60 los hippies desataron otro pánico amenazando verter LSD en el acueducto de Nueva York. El Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 21 de marzo debió “INSTAR a los distintos medios de comunicación nacionales y regionales, tanto impresos como noticieros digitales, radio y televisión, actuar con extrema responsabilidad al momento de difundir cualquier tipo de información relacionada con la presunta contaminación de los cuerpos de agua cruda y potable, destinada al uso del consumo humano, que no haya sido debidamente avalados por un “ORGANISMO TÉCNICO COMPETENTE PARA ELLO”. Y añade que “esta exacción no puede entenderse como un mecanismo limitante de la libertad de expresión e información, si no por el contrario, reafirmar tales derechos al procurar que las informaciones tengan un aval científico que las revista de absoluta veracidad, tal como lo prevee el contenido del artículo 58 del Texto Constitucional según el cual ‘toda persona tiene derecho a la información oportuna y veraz e imparcial´, so pena de incurrir en tipos penales, descritos por el legislador como hechos punibles que de alguna forma conlleven a crear pánico y zozobra en la ciudadanía”.

Entiéndase bien: la decisión sólo alerta contra la invención de noticias sobre el agua no avaladas por organismos técnicos competentes, y exhorta a cumplir normas constitucionales y penales. A este respecto, nuestro Código Penal dispone:

ART 296.A.—Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años.

Si los hechos descritos en el aparte anterior fueren cometidos por un funcionario público, valiéndose del anonimato o usando para tal fin el nombre ajeno, la pena se incrementará en una tercera parte.

Este artículo será aplicado sin perjuicio a lo establecido en la legislación especial sobre los delitos informáticos, telecomunicaciones, impresos y transmisión de mensajes de datos.

Una vez más resumimos: ningún gobierno que coartara la libertad de expresión permitiría la divulgación de noticias o más bien de opiniones como las citadas, encaminadas a causar pánico en la comunidad. Los medios de comunicación en Venezuela gozan de la más amplia libertad de expresión, y en la actualidad siguen la misma línea que desde principios de siglo: critican abierta y la mayoría de las veces infundadamente a todos los poderes del Estado, sin ser constreñidos ni sufrir consecuencias por ello.

Los medios en Venezuela funcionan como actores políticos

Para mejor valorar en su justa perspectiva esta situación de plena libertad de expresión, es oportuno señalar que por su parte los medios llevan adelante en forma persistente prácticas de violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de sus leyes y de la ética del gremio periodístico.

Para probar estas prácticas, que son del dominio público, y cuya exposición rebasaría de los límites de esta audiencia, recurrimos a testimonios emitidos por los propios medios, por sus propietarios y sus comunicadores, recogidos en forma textual en nuestro libro Dictadura mediática en Venezuela: Investigación de unos medios por encima de toda sospecha (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Caracas, 2008), que acompañamos como Anexo al presente alegato y del cual consignamos un ejemplar a cada uno de los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

En el documento citado consta, en afirmaciones de los propios periodistas y propietarios, que en Venezuela los medios privados no actúan como comunicadores, sino como actores políticos, promueven en forma consistente la antipolítica e intentan suplantar a los partidos (pp.308-314). Que incitan de manera pertinaz a la discriminación étnica y racial, la guerra civil, el magnicidio y la deposición violenta del gobierno legítimo (pp. 309).

Los medios fueron cómplices y ejecutores de un golpe de Estado

Consta asimismo en testimonios citados textualmente en dicho libro que para el año 2002, a excepción de dos diarios con cierto grado de equilibrio, los medios predicaron abiertamente el derrocamiento del gobierno legítimo, mintieron que éste habría disparado contra una manifestación, mintieron que el Presidente había renunciado, colaboraron con su tecnología superior en el corte de comunicaciones que lo derrocó, pactaron con la dictadura la entrega de los órganos de control de las telecomunicaciones, llamaron a la delación contra los partidarios del gobierno democrático, difundieron entusiásticamente sus detenciones y ocultaron con un apagón comunicacional los movimientos populares que en definitiva restablecieron el gobierno legítimo (Op. Cit. pp. 45 -103).

Ni el presidente electo ni sus funcionarios aplicaron ninguna sanción: Desde el 2 de diciembre de 2002 hasta marzo de 2003 los medios privados en Venezuela se encadenaron 24 horas diarias en una saturativa cadena de llamamientos a derrocar el gobierno legítimo, de apoyo a un cierre patronal de empresas, al sabotaje de la industria petrolera y a la desobediencia tributaria. La falta de apoyo popular a esta agresión comunicacional de una duración e intensidad nunca vistas en el mundo determinó su fracaso, sin que de nuevo las autoridades ejecutaran sanción alguna (Op.cit. pp 140-155).

Los medios venezolanos no se consideran obligados a ser veraces ni imparciales

Para sustentar tales políticas los medios han dejado de lado la veracidad, objetividad, imparcialidad y equilibrio que debe caracterizarlos. Para justificarlo, el doctor Pedro Nikken sostiene en la audiencia de 27 de marzo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que “nadie sabe lo que es la verdad”. Si ello fuera cierto, el doctor Nikken no debería acudir ante una Corte Interamericana para que legitime como verdad judicial una verdad que él mismo dice ignorar, y los medios opositores venezolanos a los cuales representa deberían abstenerse de presentar como verdades la granizada de mentiras que constantemente esgrimen contra el gobierno democrático de Venezuela.

Lo cierto es que de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”. Por tanto, nadie puede en Venezuela emitir información inoportuna, falsa y parcializada, ni pretender que como desconoce la verdad, está libre de los deberes y responsabilidades que indique la ley.

Para evidenciar que gran parte de los medios en Venezuela no se consideran obligados a proporcionar información veraz, imparcial y oportuna, citamos opiniones textuales de comunicadores de la propia oposición y de observadores foráneos. El reportero Roberto Giusti declara: “Me pregunto si a la hora de exigirnos objetividad lo que quieren en el fondo es silencio cómplice, babosa obsecuencia, la entrega incondicional o la renuncia” (Laura Weffer: “Roberto Giusti: es necesario ir más allá de la objetividad”, El Nacional, 26-6-03, A-5). El opositor Manuel Isidro Molina apunta que “los medios deben volver a ser espacios plurales y éticos, sin manipulaciones, censura ni tergiversaciones politiqueras. Y deben salir del dispositivo neoliberal que los viene animando”. (“La rectificación mediática tiene que ser valiente, sincera y honesta”, La Razón, 3-11-02, A-5).

Patrick Butler, para 2003 vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas, sostiene que “no está haciendo un periodismo independiente sino partidario, que no trata de informar al público sino de convencer al público para cambiar un gobierno.” (Marianela Palacios: “Universidades abogan por un periodismo ético”, El Nacional 26-6-03, A-5). El británico Phillip Gunson, para 2003 presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros, declara que: “El periodismo venezolano está tan polarizado como cualquier otro aspecto de la vida nacional. Muchos periodistas, editores y dueños de medios parecen pensar que esto es no sólo inevitable, sino hasta deseable, que la llamada imparcialidad es una meta inalcanzable y hasta absurda en medio de esta coyuntura, que a la imparcialidad hay que tirarla por la borda porque así lo exigen las circunstancias” (Marianela Palacios: “Periodismo en tiempos de crisis”, El Nacional, 27-6-03, A-8). Y según apunta el analista del Consejo para Asuntos Hemisféricos Larry Byrns: “Los medios venezolanos no reportan sucesos, ayudan a crearlos. Su punto de vista se encuentra no sólo en la página editorial, sino en todas y cada una de las columnas de sus periódicos, en escandalosa contradicción con todo sentido y responsabilidad profesional” (Temas, Caracas, 16-1-03, p. 13).

Los propietarios de los medios vetan, censuran y explotan a los comunicadores

Estas políticas, ordenadas por los dueños de los medios, no necesariamente cuentan con la aprobación de los comunicadores ni les garantizan un trabajo digno y estable. En remitido que el diario El Nacional se negó a publicar, el sindicato de ese diario exige: “Basta ya de manipular a los trabajadores de los medios de comunicación para exponernos como responsables de las líneas informativas de los mismos, los dueños de los medios deben aceptar que son un poder y que por consiguiente tienen una responsabilidad social no sólo con sus trabajadores sino con toda la sociedad venezolana (…)” (9-6-2002. www.antiescualidos.com.).

Sorprende por ello que organismos gremiales como el Colegio Nacional de Periodistas o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en lugar de democratizar su funcionamiento y defender a sus agremiados contra los patronos, hagan causa común con éstos a la hora de cursar falsas acusaciones contra Venezuela. El Colegio pasó diez años sin elegir nuevas autoridades; ni él ni el SNTP movieron un dedo contra los masivos despidos de cerca de medio millar de comunicadores que siguieron al fracaso del paro patronal de 2002 y 2003, y que desde entonces no han cesado. Tampoco ha adoptado una sola medida contra la crónica inestabilidad laboral y la falta de seguridad social que aqueja a sus afiliados gracias a las prácticas de tercerización, ni contra la permanente censura y el veto que se ejerce sobre los profesionales que disienten de los propietarios. Sobre estas materias rige el criterio que la “Defensora del lector” Alba Sánchez consigna en El Nacional del 8-10-2002 legitimando el veto contra colaboradores expulsados del diario: “No basta con ser buenos con la escritura o desarrollar ideas brillantes (lo cual también importa), sino que sus textos tienen que gustarle además de a los lectores, a los directivos del periódico, a sus comités editoriales, a sus directores o a sus dueños (…). Obviamente los ‘ungidos’ dejan de serlo cuando los antes mencionados lo deciden”.

Visto lo cual, todavía más sorprende que la presidenta del CNP, en lugar de atender a precaria situación laboral de sus agremiados, alegue ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que los comunicadores venezolanos son inducidos a la “autocensura” mediante “dispositivos de temor”. Si hay “autocensura” en medios que no se consideran obligados a ser veraces, es impuesta por “los directivos del periódico, sus comités editoriales, sus directores o sus dueños”, según confiesa Alba Sánchez. Ni un solo comunicador venezolano ha dejado de sentir estos mecanismos patronales, sobre los cuales CNP y SNTP guardan el más cómplice silencio, quizá por no dejar de ser “ungidos” a su vez por los propietarios.

Los medios desprecian las leyes y la vida humana

En estas páginas hemos señalado numerosos ejemplos de violación de las leyes y de las normas éticas por parte de los medios. El maltrato no se limita sólo a la verdad o a la reputación: se extiende en oportunidades a la persona física. El Correo del Orinoco de 31 de agosto de 2012 recoge informaciones del ministro del Interior y Justicia Tarek el Aisami, según las cuales “El pasado 28 de agosto, en la Autopista Regional del Centro (ARC), tres personas pertenecientes a una planta televisiva privada, Globovisión, violaron el cerco perimetral de la UPS Paula Correa y luego de ingresar, sin autorización, la comunidad de campesinos los aborda para preguntarles que hacían ahí y uno de los trabajadores (de la planta televisiva) abre fuego contra los campesinos. Se trata del ciudadano identificado como Frank Robert Tolosa Torres, quien está siendo solicitado por lo cuerpos de policías”. La víctima, Rafael Cañizales, queda gravemente herida de bala en el cuello.

Se quejan los comunicadores de que en oportunidades los ciudadanos se niegan a ser entrevistados o a suministrarles información ¿Qué otra conducta cabe ante medios que sistemáticamente tergiversan, adulteran o falsean las declaraciones que se les hacen, o que recurren a la más extrema ilegalidad y violencia para obtenerlas? Rafael Cañizales, postrado en su lecho del hospital, es un elocuente símbolo de la situación del público ante el desprecio de las leyes y de la vida humana por parte de los medios privados.

Los medios disponen de información por parte de los poderes públicos

Representantes de esas organizaciones gremiales que no trabajan por el bienestar de los comunicadores sino por defender a los patronos alegan ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que las autoridades no facilitan todas las informaciones que los medios requieren ni los admiten irrestrictamente en los actos públicos.

Una vez más, sus propias afirmaciones desmienten lo que alegan. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, presenta cifras sobre la cantidad de medios que existen en Venezuela: son las mismas que constan en este informe, y que tienen su fuente en la página web del Ministerio de Comunicación e Información. Mal puede decir que las autoridades no informan quien basa su alegato en datos provenientes de ellas.

Por otra parte, se queja Correa de que los organismos públicos usan con frecuencia el espacio radioeléctrico para informar sobre su gestión. Resulta así que se acusa al gobierno de no suministrar información; pero cuando se la suministra, también se lo acusa por ello ante la CIDH. Los peticionarios tienen el deber de ser consistentes: no pueden quejarse a la vez de que las autoridades informen o no informen. el 24 de julio de 2012 Al respecto, la coordinadora del Observatorio de los Medios de Venezuela, Maryclen Stelling, declara para 6° Poder que “El presidente en ejercicio tiene la obligación de dar cuenta en su gestión, y el Presidente lo ha hecho comunicacionalmente. La posibilidad de rendir cuenta es algo que el Consejo Nacional Electoral no puede prohibir”

Aduce también Correa que una gran proporción de los medios favorece al gobierno bolivariano. Aparte de que en tal caso estarían en absoluta libertad de hacerlo, y no le correspondería a Correa prohibirles hacer uso de la libertad de expresión en tal sentido, debemos señalar que tal afirmación es palmariamente falsa. Remitimos una vez más a nuestro libro Dictadura Mediática en Venezuela, en el cual recogemos, con citas textuales e indicación de medios, páginas y fechas, una antología de casi una década de abrumadora parcialización de los medios privados en contra del gobierno democrático.

Y con respecto a la experiencia reciente, en la entrevista citada declara Maryclén Stelling que “en el país la cobertura de la campaña electoral no ha sido justa, debido al desequilibrio informativo generado por la cantidad de medios privados que han favorecido al candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonski”. Añade Stelling que “Si vamos al uso de los medios de comunicación social, observamos que no ha sido justa debido a que hay muchos más medios en manos privadas que apoyan al candidato de oposición. No solamente hay un desequilibrio en la propiedad de los medios de comunicación social sino que los medios privados, que tienen un 60% de la audiencia, prestigian al candidato opositor”, enfatizó en entrevista realizada.

Las Organizaciones No Gubernamentales alegan que hay un estado de inseguridad en Venezuela. Todos y cada uno de sus datos son proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, Caracas, mayo 2010, publicada tanto en físico como en la página web de dicho Instituto. Las ONGs omiten, por otra parte, señalar que dichas cifras representan sólo la percepción de inseguridad de una muestra reducida de la población, y no el número de homicidios reales. Pero mal puede alegar falta de información por las autoridades quien utiliza la información oficial como base de sus alegatos.

Finalmente, es oportuno señalar que hay límites racionales, lógicos e instrumentales al acceso irrestricto a las fuentes que algunos medios pretenden. Según las cifras (también oficiales, bueno es recordarlo) citadas al comienzo de este alegado, operarían en la Venezuela actual unos 1.281 medios, sin contar las emisoras AM ni los alternativos y comunitarios. Suponiendo muy conservadoramente que en cada uno trabajaran sólo veinte comunicadores, para cada acto oficial habría que facilitar el acceso irrestricto a unas 25.620 personas y atender una por una sus preguntas y solicitudes de información. No podrían tampoco los poderes públicos ejercer sus competencias si se asumiera que su función prioritaria es la de colectar información para los medios, y la de estar sometidos a perenne interrogatorio por sus agentes.

Añadamos a ello que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece limites en su artículo 13, numeral 2 para la libertad de buscar, recibir y difundir información en “a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 2) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.” Según el numeral 5 de dicho artículo “5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. Los Estados soberanos tienen el derecho y el deber de limitar las informaciones que excedan tales límites.

Por otra parte, llama poderosamente la atención que los representantes de los comunicadores (o más bien de los patronos de los medios de comunicación) no soliciten el derecho a ser informados de manera irrestricta por medios y empresas privadas sobre todas las cuestiones que les soliciten. Tal información podría prevenir a la ciudadanía contra los efectos de productos nocivos, de publicidad engañosa o de fraudes financieros por parte de empresas o profesionales privados. La denuncia y autodenuncia de los medios en tal sentido es casi inexistente, salvo cuando emprenden campañas para extorsionar a los empresarios que no les contratan publicidad. Una vez más se hace aquí evidente que en las denuncias sobre libertad de expresión prepondera un doble rasero, y que son los medios quienes deben cuestionar sus propias prácticas y conductas.

Los medios son la principal fuente de las denuncias ante la CIDH

Como otra prueba de la libertad de expresión integral de que se disfruta en Venezuela, señalamos el hecho de que la mayoría de las denuncias interpuestas por Organizaciones no Gubernamentales ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que ésta por lo regular cursa sin mayor verificación como acusaciones ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos e incorpora en el Informe Periódico Universal ante las Naciones Unidas, se fundan única y exclusivamente en notas de prensa, que a menudo ni siquiera aportan precisiones sobre personas, lugar, fecha ni hechos.

Esta conducta se hace patente en el alegato de uno de los peticionarios, que a pesar de ser comunicador parece ignorar los principios de la Pirámide Informativa, según los cuales la noticia debe informar sobre ¨¿Quién, Dónde, Cuándo, Cómo, Por qué?”. Habla de amenazas, limitaciones, agresiones, mas no menciona agredidos, limitados ni amenazados, fechas, lugares ni circunstancias. No es un ejemplo de mal uso del poder, sino de mala praxis del periodismo y de los Derechos Humanos.

En repetidas oportunidades hemos criticado esta conducta, ya que viola los principios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 46 pauta que “Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá (…) d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición”.

Y en repetidas ocasiones también hemos exigido a la Comisión que se ajuste a su jurisprudencia, que ella misma cita en sus informes, según la cual los funcionarios públicos (de organismos nacionales o internacionales) “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”.

luisbritto@cantv.net