Credito: CiudadCCS
11/09/12.- El 3 de enero de 2002, Zarhelda Castillo recibió el feliz año con una carta firmada de puño y letra por su jefe, el alcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski.
A 11 días para cumplir 30 años de servicio en la administración pública, que le daría derecho a una jubilación especial, Zarhelda fue despedida .
Así lo dejó en constancia el comunicado N°000055 del Despacho del alcalde donde se notifica que “Henrique Capriles Radonski, (…) cumple con notificarle, que debido a que los trámites para su reubicación han sido infructuosos, se ha procedido a retirarlo (a), a partir de hoy, del Servicio Activo de este organismo”.
Era la primera vez que el alcalde de Baruta, en su primer año de ejercicio, se dirigía a Zarhelda.
Junto a ella otros 200 trabajadores municipales también eran despedidos aprovechando el lapso entre el vencimiento del decreto de inamovilidad laboral en noviembre de 2001 y su posterior reanudación en abril de 2002.
“La carta estaba ahí esperando por nosotros, firmada y sellada, esperando para ponerle la fecha. Ya yo había solicitado la jubilación en octubre del año anterior, me la negaron en dos ocasiones y a 11 días de cumplir el trámite necesario me botaron”, cuenta hoy esta secretaria jubilada, del oficio, pero sin el reconocimiento de la institución en la que trabajaba desde hacía seis años.
LA HISTORIA DE ZARHELDA
Zarhelda llegó como asistente de la Tesorería de la Alcaldía de Baruta durante la gestión de Ivonne Attas en el año 1996.
Attas tenía dos gestiones gobernando como candidata del partido Copei, la misma tolda verde que le otorgó una curul a Capriles para que fuera electo como diputado del Congreso Nacional por el estado Zulia en 1998.
Bastó que el ahora candidato presidencial llegara a la alcaldía en el 30 de julio de 2000, para que iniciara una presión contra los empleados que no compartían la ideología del partido Primero Justicia.
“No era algo contra los chavistas, sino con los mismos miembros de Copei que habían ingresado con la gestión de Attas”, explica Zarhelda, quien nunca ocultó su simpatía con el proceso revolucionario del presidente Hugo Chávez.
Explica que el proceso incluyó la imposición de una nueva vestimenta, así como la utilización de recursos y el personal de la alcaldía para los eventos proselitistas del partido amarillo.
“Repartieron franelas amarillas, en ese tiempo, ya uno sentía tensión en el ambiente. Sabíamos que iba a pasar algo”, refiere en relación a los actos proselitistas que se organizaban meses antes del golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
A medida que pasaba el tiempo, la presión crecía. Se destituyeron los cargos de confianza y se reemplazaron con afectos del partido Primero Justicia.
En ese interín, explicó Zarhelda, llegó el actual asesor del Comando Venezuela, Armando Briquett, quien empezó a manejar la dirección general de la alcaldía baruteña a su propia discreción.
“Al primer año de gestión empezaron las presiones. Sí sacó a más de 200 trabajadores entre motorizados, secretarias, gerentes y personal administrativo, ingresó al menos a 300 personas que se ocupaba más de las actividades de repartir volantes que del trabajo en la alcaldía”, refiere esta secretaria, quien asegura se formó de manera autodidacta y estuvo por 25 años de servicio en el Instituto Venezolano de Canalizaciones.
No sólo sufría el personal, señala Zarhelda, sino que las arcas de la alcaldía también empezaron a reflejar cifras rojas.
“Attas había entregado la gestión con un superávit fiscal de varios millones, te lo digo porque yo manejaba las libretas de la alcaldía, todo eso se perdió y entregaron su gestión con déficit presupuestario. Nadie sabe a dónde fueron a parar esos reales”, indica.
Detalló que dos meses previo al despido de cientos de trabajadores, por supuestas razones administrativas, los gerentes de la alcaldía recibieron cuantiosos bonos de fin de año y desfalcaron la caja de ahorros que sufrió una posterior intervención.
“Mientras la mayoría cobró entre un millón y medio de bolívares (Bs 1.500), cada gerente recibió 10 millones de bolívares. Como yo era la encargada de mandar a depositar los cheques, los fotocopié y distribuí entre el personal de la alcaldía para dejarlos en evidencia”, relata Zarhelda.
LA LUCHA EN TRIBUNALES
Ese mismo año, Zarhelda se buscó un abogado para solicitar la reincorporación de actividad en su puesto de trabajo que le permitiera conseguir los 11 días faltantes para su jubilación.
Contrató al abogado Stalin Rodríguez, quien llevó su caso hasta un Tribunal Contencioso Administrativo de Caracas, instancia que declaró, en marzo de 2002, un fallo en contra de la medida de la Alcaldía de Baruta.
“La jueza me dio la razón porque se me negó la jubilación. Reconocieron que por derecho y humanidad no se me podía negar la jubilación especial a tan sólo 11 días de cumplir los 30 años de servicios que necesitaba para ello”, cuenta.
La alcaldía apeló la medida, solicitó un recurso de amparo y el caso volvió a su estado original.
Además de esto, el abogado, contratado por Zarhelda, empezó a reportarse irregularmente, le daba largas a su caso y presentaba cada vez más excusas para no seguir llevando el caso ante tribunales.
Relata que pasaron los años y Rodríguez seguía dándole vueltas a su caso de la secretaria, “Ya no quería saber nada de la demanda, algo me decía que no iba a pasar nada”.
Así fue, hasta que en 2008 Zarhelda acudió a la oficina del jurista y su secretaria le confesó: “Tú no sabes que el doctor es de Primero Justicia”. Fue entonces que se enteró de que el caso prescribió en 2007 por ausencia de Rodríguez.
“Capriles me botó sin derecho a jubilarme”, reclamó.
Desde la Cuarta
Zharelda Castillo tiene 61 años. Hija de una pareja de pequeños comerciantes del estado Lara, llegó a Caracas a temprana edad. “Eran tiempos donde costaba conseguir las cosas, por eso a los 17 años empecé a trabajar como mecanógrafa 1 en el Instituto Nacional de Canalizaciones”. Fruto de su esfuerzo y una actitud autodidacta alcanzó el máximo escalafón dentro del ente. En 1992, producto de las medidas del paquetazo impuesto por el neoliberalismo, el Gobierno le propuso una “cajita feliz” a cambio de su renuncia. Vivió de los intereses de que generaban las prestaciones hasta que ocurrió la crisis bancaria de 1994.
Nunca llegó a cobrar su jubilación. “Fueron más de 12 mil empleados despedidos de instituciones pública que aún luchamos en la Asamblea Nacional por que se reconozca esa deuda”, indicó.
ANDRÉS PARAVISINI RODRÍGUEZ
