El candidato del Movimiento Progresista
Andrés Manuel López Obradorha demandado al
Instituto Federal Electoral el recuento, voto por voto, de las elecciones que hoy le tienen a 6,51% del priísta
Enrique Peña Nieto. Respaldado por los líderes de los partidos que le postularon, López Obrador ha entregado este martes a consejeros electorales un listado de supuestas irregularidades en 113.855 de las 143.000 mesas de votación, por lo que solicitó el recuento de todos los votos emitidos el
1 de julio.
“No es pedir ningún favor, es solicitar que se cumpla la ley”, ha dicho López Obrador a la prensa. “Por el bien del país deben contarse todos los votos”. El candidato ha asegurado que todas sus reclamaciones se harán en el marco legal, disipando los temores a nuevas jornadas de resistencia civil como ocurrió tras 2006. El candidato de la izquierda ha recordado, sin embargo, que las elecciones no terminaron la noche del domingo y no lo harán hasta la calificación de la elección presidencial, que es cuando el tribunal especializado en esta materia dictamine la validez de los resultados, con una fecha límite del 6 de septiembre.
Horas antes de solicitar la repetición del escrutinio, el IFE había anunciado que podría ser necesario recontar la tercera parte de los votos por diversas razones establecidas en la ley (una diferencia igual o menor al 1% entre el ganador y el segundo; errores en las actas, o que los votos nulos sean más que la diferencia entre los dos candidatos más votados). Con los datos provisionales disponibles, en 19 de los 300 distritos electorales del país —cerca de 10.000 mesas— el recuento será total porque la diferencia entre los dos candidatos más votados es igual o menor al 1%.
El político ha explicado que la mayoría de las irregularidades detectadas se deben a inconsistencias aritméticas en las actas y ha aclarado que la solicitud de recuento total es solo una parte de su reclamación, porque además están documentando lo que él denuncia como una masiva compra de votos por parte del PRI.
López Obrador, que logró
15.535.117 votos, casi 800.000 más que en 2006, ha denunciado que el candidato del Partido Revolucionario Institucional “usó dinero a raudales, miles de millones de pesos de procedencia ilícita y rebasó, por mucho, lo permitido por la ley, al mismo tiempo que fue patrocinado en exclusiva por la mayoría de los medios de comunicación”.
Con esta postura anunciada el lunes, López Obrador se ha colocado en la ruta de la confrontación. Acompañado de los presidentes de los tres partidos de izquierda que le hicieron su candidato, López Obrador dijo que la elección “a todas luces fue inequitativa y plagada de irregularidades”. El candidato denunció que hubo compra de votos en una operación que, según él, llevaron a cabo los gobernadores priístas. “Vamos a pedir transparencia total, limpieza de todo el proceso. Vamos a pedir la revisión de actas y, en algunos casos, el conteo de boletas”.
El candidato se ha
situado en la ruta
de la confrontación,
como hace seis años
López Obrador no ha adelantado si llamará a la resistencia civil, como hace seis años, pero tampoco lo ha descartado. “Vamos a esperar el resultado de las instancias legales”, respondió sobre ese tema el lunes.
En
México, diversos expertos y analistas refutan con vehemencia la posibilidad de un fraude en las mesas de votación, pero nadie mete las manos al fuego ante la posibilidad de que haya habido compra o coacción de votantes, un añejo y extendido mecanismo inventado por el PRI pero que hou no es exclusivo de ese partido.
Los expertos han detectado compra de votos, pero descartan
un fraude general
“En esta elección sí vimos un esfuerzo sustantivo y sistemático de movilización de votantes comprometidos. Detectamos entrega de vales de gasolina, crédito celular (tarjetas de prepago para móviles) y tarjetas de débito. No sabemos a ciencia cierta cuánto fue la suma de recursos”, explica Javier Osorio, director de Más Democracia, organización de la sociedad civil constituida en 2010 para realizar monitoreo electoral.
“La característica que apreciamos este domingo es que se innovó. Esta vez fue una operación muy bien focalizada, más sofisticada y discreta. El uso de tarjetas electrónicas de débito es nuevo”, dice Osorio, que lleva 10 años estudiando el clientelismo electoral. “Comprometen a los votantes a cambio de recibir un beneficio inmediato. Hay testimonios de que te dan la tarjeta de débito vacía y, si cumples tu parte del trato, te depositan, una de las maneras de probar esto fue tomando una fotografía con el celular (móvil) a la boleta. Solo hemos sabido de este grado de sofisticación, del uso de tarjetas electrónicas, por parte del PRI”.
El
periódico La Jornada publicó este martes que “cientos abarrotaron ayer (lunes) las tiendas Soriana para canjear la tarjeta que les dio el PRI a cambio de su voto, ante el temor de que se les cancelara”. El diario habla de personas del Estado de México. Una de las entrevistadas dice que les “dijeron que se habían enterado de que iban a cancelar los monederos electrónicos. Son fregaderas porque nosotros ya votamos”.
Días antes de las elecciones, tanto el
Partido Acción Nacional como el Movimiento Progresista denunciaron ante las autoridades electorales y la Procuraduría General de la República el uso ilegal de tarjetas electrónicas para pagar a movilizadores electorales y votantes. El PAN denunció que mediante tarjetas de Monex, una entidad financiera, el PRI pagaría una red de operadores electorales por un monto de más de 700 millones de pesos (41 millones de euros), más del doble del tope legal del financiamiento para una campaña presidencial. Por su parte, el Movimiento Progresista mostró dos días antes de la elección 3.000 tarjetas Soriana y denunció que el partido del candidato Peña Nieto habría usado en el Estado de México 1.800.000 de esas para la elección. A cada una de esas tarjetas se les depositaría mil pesos. La investigación de esas denuncias podría tomar meses.
Mientras el candidato Peña Nieto ha anunciado que en los próximos días presentará un equipo para trabajar con expertos en una agenda para la transición y las reformas (fiscal, energética y laboral) que se requieren, López Obrador parece estar lejos de dar por perdida la batalla electoral.
